La Unión Europea se encuentra hoy ante un desafío crucial: conjugar desarrollo económico, transición ecológica y cohesión social. En este contexto, las contrataciones públicas verdes están asumiendo un papel cada vez más estratégico. El Green Public Procurement, introducido para orientar las elecciones de compra de las administraciones hacia bienes y servicios de bajo impacto ambiental, representa un instrumento concreto para guiar la transformación sostenible de la economía europea.
Según el Joint Research Centre de la Comisión Europea, la adopción sistemática de criterios ambientales en las licitaciones públicas puede reducir de modo significativo las emisiones y estimular la innovación en los sectores de la edificación, los transportes y la energía. España, en particular, se ha mostrado entre los países más activos en promover esta estrategia. El plan nacional sobre contrataciones ecológicas ha identificado la construcción y la reestructuración edilicia como ámbitos prioritarios, promoviendo proyectos fundados en materiales reciclados, eficiencia energética y respeto del paisaje urbano.
Este compromiso es aún más urgente a la luz de los recientes estudios sobre el calentamiento climático. La Agencia meteorológica estatal española ha detectado un aumento de las temperaturas medias de más de un grado y medio respecto a la media del siglo pasado, con picos superiores en el sur del país y a lo largo de la franja mediterránea. Los eventos extremos —olas de calor, incendios y sequías— se están intensificando, amenazando la seguridad alimentaria y la salud pública.
Durante la Convención internacional sobre turismo sostenible, celebrada en Madrid en octubre de 2025, el gobierno español reafirmó la voluntad de transformar el turismo en un motor de desarrollo respetuoso con el medio ambiente. El objetivo es reducir la presión sobre el territorio, valorizar las áreas menos conocidas e incentivar el turismo cultural y ecológico.
Este enfoque refleja una visión más amplia que atraviesa toda Europa: la transición ecológica no debe ser percibida como un coste, sino como una inversión. Significa crear empleo verde, promover innovación tecnológica y mejorar la calidad de vida en las ciudades y en las comunidades rurales. En este sentido, la lucha contra el cambio climático se convierte también en un proyecto de justicia social.
La Europa verde que está emergiendo es un continente que reacciona no con miedo, sino con confianza. La sostenibilidad ya no es un ideal lejano, sino una dirección concreta y necesaria. En un mundo que se calienta, la respuesta más valiente es la de invertir en el futuro: un futuro hecho de equilibrio, responsabilidad y solidaridad entre pueblos y generaciones.