Las Islas Canarias están viviendo una fase de fuerte expansión económica que continúa sorprendiendo a los analistas. El PIB del archipiélago crece a ritmos sostenidos, superiores a la media española, impulsado principalmente por el turismo y el consumo interno. Los datos del Instituto Canario de Estadística y del Instituto Nacional de Estadística confirman esta tendencia positiva que parece no conocer altibajos.
Sin embargo, detrás de estas cifras alentadoras se esconde una realidad más compleja y contradictoria. El crecimiento económico no se está traduciendo en una mejora proporcional de las condiciones de vida de los residentes. Los salarios medios en Canarias permanecen entre los más bajos de España, y los ingresos familiares continúan siendo significativamente inferiores a la media nacional. El empleo crece numéricamente, es cierto, pero la calidad de estos puestos de trabajo deja mucho que desear: contratos estacionales, precariedad generalizada, baja cualificación profesional caracterizan sobre todo el sector turístico tradicional, que sin embargo representa la columna vertebral de la economía local.
Las desigualdades sociales persisten como una herida abierta. La tasa de riesgo de pobreza en Canarias se mantiene constantemente por encima de la media española, revelando un sistema económico que genera riqueza pero que tiene dificultades para distribuirla equitativamente. Es precisamente de esta conciencia de donde nace el debate actual sobre la necesidad de diversificar la economía del archipiélago, intentando añadir al turismo tradicional nuevos sectores capaces de crear empleo cualificado y mejor remunerado. El desafío principal que el archipiélago debe afrontar es transformar esta expansión macroeconómica en bienestar concreto y generalizado para quienes viven establemente en las islas, no solo para quienes las visitan.