Durante años, las criptomonedas crecieron en un espacio híbrido: lo suficientemente grandes como para atraer capital global, pero demasiado fragmentadas para tener normas uniformes. El resultado fue una mezcla de innovación real y vulnerabilidades sistémicas: plataformas opacas, conflictos de interés, riesgos de custodia y burbujas especulativas. El caso FTX en 2022 se convirtió en un símbolo porque mostró, con una quiebra repentina, lo que puede ocurrir cuando intermediarios muy grandes operan sin los estándares propios de las finanzas reguladas.
En Europa, la respuesta más estructural llegó con MiCA (Markets in Crypto-Assets), un marco regulatorio único que introduce requisitos para emisores, transparencia, autorizaciones y supervisión. Pero un punto que hay que tener claro es el calendario: MiCA entró en vigor en 2023 y se aplica "por fases", con las normas sobre stablecoins operativas desde el 30 de junio de 2024 y el régimen principal para los proveedores de servicios crypto aplicable desde el 30 de diciembre de 2024; en algunos países puede haber regímenes transitorios hasta 2026. Esta gradualidad no es un detalle técnico: significa que la "depuración" del mercado se produce con el tiempo, mientras las empresas solicitan licencias y se adaptan.
En paralelo, avanza el proyecto del euro digital. El BCE lanzó la fase de preparación en noviembre de 2023 y ha seguido aclarando que el objetivo no es sustituir el efectivo, sino ofrecer una forma de dinero público digital complementario. Un caso real útil para entender lo que está en juego es el debate político europeo: la discusión no solo atañe a la tecnología, sino también a la soberanía de los pagos, la inclusión (también sin conexión) y el equilibrio con el papel de los bancos comerciales. En febrero de 2026, por ejemplo, la prensa internacional recogió un avance relevante en el frente político-legislativo del euro digital en el ámbito de la UE, señal de que el proyecto está entrando en una fase de decisión más concreta.
En el plano global, la "novedad" más visible que ha empujado al sector hacia una percepción más convencional fue la aprobación, en Estados Unidos, de varios instrumentos al contado sobre Bitcoin cotizados como ETP/ETF: la SEC aprobó su cotización y negociación el 10 de enero de 2024. Esto no convierte a las criptomonedas en "seguras por definición", pero crea un puente entre la demanda financiera y las infraestructuras reguladas, desplazando parte de la exposición del mundo de los exchanges crypto hacia los mercados tradicionales.
En paralelo, los organismos internacionales buscan convergencia. IOSCO, por ejemplo, ha publicado recomendaciones para reducir los riesgos de integridad del mercado y la protección de los inversores, tratando de limitar el arbitraje regulatorio entre países. En conjunto, el sector está entrando en una fase en la que "innovación" ya no basta como justificación: se exige responsabilidad, gestión del riesgo y normas comparables a las de las finanzas tradicionales.