En los últimos tres años las Islas Canarias han experimentado un fuerte incremento de los precios de alquiler que está generando una crisis de vivienda sin precedentes. El Instituto Canario de Estadística (ISTAC) informó en su boletín de diciembre 2025 que el alquiler medio de un piso de una habitación ha subido un 23 % desde 2022, pasando de 560 euros a 690 euros mensuales. Al mismo tiempo, la tasa de ocupación de viviendas ha descendido del 95 % al 88 %, reflejando una escasez creciente de inmuebles disponibles para los residentes.
Este fenómeno está estrechamente ligado al repunte turístico registrado entre 2023 y 2025. El Ministerio de Turismo señaló un crecimiento del 15 % del número de visitantes procedentes de Alemania, Reino Unido y los países nórdicos, atraídos por el clima templado y las ventajas fiscales. Muchos inversores transformaron viviendas tradicionales en apartamentos de alquiler vacacional, reduciendo la oferta de alquileres a largo plazo. Un informe de la Comisión Europea, “Housing Europe 2025”, señala que las regiones insulares españolas presentan la mayor relación turismo‑vivienda de toda la Unión.
El Gobierno de España, con el “Plan Nacional de Vivienda 2024‑2030”, contempla un aumento del 20 % de la construcción de viviendas hasta 2030, pero las autoridades autonómicas denuncian retrasos en los procedimientos y falta de suelo disponible. En la última sesión del Consejo Insular (marzo 2026) se debatió la posibilidad de aplicar un límite máximo del 10 % sobre el valor medio de los alquileres en las áreas más tensionadas, siguiendo el modelo de Barcelona, aunque la medida aún no tiene aprobación definitiva.
Las consecuencias son palpables. Según el Banco de España, el porcentaje de ingresos destinado al alquiler pasó del 30 % al 38 % entre los hogares de ingresos bajos y medianos durante el mismo periodo. Las familias con menos recursos, que representan el 30 % de la población, ven reducido su poder de compra y deben destinar una mayor parte de su presupuesto a la vivienda, lo que repercute en el consumo de bienes básicos. Además, la falta de vivienda ha impulsado a muchos jóvenes a emigrar al continente en busca de oportunidades, alimentando la “fuga de cerebros”.
¿Qué podría ocurrir en los próximos años? Si las autoridades adoptan el control de rentas antes de finales de 2026, los expertos de la Universidad de La Laguna estiman una estabilización de precios para 2028, con una caída media del 7 % respecto a los niveles actuales. No obstante, advierten que la sola imposición de un techo sin una expansión real de la oferta habitacional podría generar un mercado negro de alquileres informales y mayores desigualdades.
Una solución más sostenible consistiría en reactivar los edificios vacíos y construir nuevas viviendas asequibles mediante fondos europeos y alianzas público‑privadas. El programa “Next Generation EU” ha destinado 150 millones de euros al sector de la vivienda en Canarias, pero solo el 35 % se ha desembolsado hasta la fecha debido a retrasos en la presentación de proyectos. Una ejecución más ágil permitiría crear unas 12 000 viviendas nuevas antes de 2027, aliviando la presión sobre el mercado de alquileres.
Mientras tanto, organizaciones como “Habitat Canario” han lanzado campañas de información y asistencia legal a los inquilinos amenazados de desahucio, y los ayuntamientos de Tenerife y Gran Canaria han creado puntos de atención para denunciar alquileres abusivos. Estas iniciativas, de mantenerse, pueden atenuar las tensiones sociales y ofrecer un primer amparo a las familias más vulnerables.
En conclusión, el aumento de los alquileres en Canarias es el producto de la interacción entre la demanda turística, la escasez de oferta y la lentitud de la política de vivienda. Las decisiones que se tomen en los próximos meses – tanto a nivel nacional como insular – determinarán si la región logra revertir la tendencia o si la crisis se arraiga, con efectos profundos sobre la demografía, la economía y la calidad de vida de los canarios.