En 2026 las Islas Canarias siguen consolidándose como uno de los principales destinos europeos para los “remote workers”, esos profesionales que, gracias a la conectividad digital, pueden desempeñar su actividad laboral desde cualquier lugar. El Instituto Canario de Estadística (ISTAC) comunicó en febrero 2026 que el número de residentes inscritos en el régimen fiscal de “Non‑habitual resident” (NHR) ascendió a 12 800 personas, lo que supone un aumento del 38 % respecto a 2022. Al mismo tiempo, la Cámara de Comercio de Tenerife registró un crecimiento del 45 % en los puestos vinculados al coworking durante los últimos cuatro años, superando las 3 200 estaciones disponibles entre espacios públicos y privados.
El motor de este auge es múltiple. Primero, el programa “Digital Nomad Visa”, implantado por el Gobierno español en 2023, simplificó los trámites de estancia: un ingreso mínimo anual de 30 000 euros y un tipo impositivo reducido del 15 % durante tres años. El Ministerio de Economía, en su informe anual de 2025, destacó que las Canarias ofrecen una conectividad de banda ancha de 200 Mbps en la mayor parte de los municipios, fruto de una inversión de 400 millones de euros en el proyecto “Fiber Canarias”, finalizado en 2024.
No obstante, el rápido crecimiento no está exento de limitaciones. La Asociación Española de Teletrabajo (ASLT) publicó en marzo 2026 un estudio en el que el 27 % de los trabajadores remotos señalan problemas de aislamiento social, atribuibles a la concentración de comunidades de coworking en las áreas metropolitanas de Las Palmas y Santa Cruz, dejando amplias zonas rurales poco atendidas. Además, el Consejo Insular detectó un incremento del 22 % en los alquileres de corta duración (tipo Airbnb) en las zonas más demandadas, lo que ha elevado los precios de la vivienda: el alquiler medio mensual de un piso de dos habitaciones pasó de 560 a 720 euros entre 2022 y 2025, un alza del 28 % que ha generado tensiones entre los residentes tradicionales y los recién llegados.
Las autoridades insulares ya están trazando respuestas. El Plan “Work‑Life Balance 2030”, aprobado en junio 2026, prevé la creación de 15 nuevos “centros de agregación digital” en localidades como La Laguna, La Orotava y Arrecife, combinando espacios culturales, deportivos y servicios de acompañamiento psicológico para mitigar el aislamiento. El Departamento de Turismo, por su parte, ha puesto en marcha un incentivo fiscal del 10 % para las empresas que ofrezcan contratos laborales flexibles a largo plazo a los residentes locales, con el objetivo de elevar la proporción de trabajadores remotos “residentes estables” al 40 % para 2028.
Otro pilar esencial es la formación. El programa “Skills 4 Future”, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) con una dotación de 85 millones de euros, contempla 12 cursos anuales de desarrollo de competencias en sectores de alta tecnología (inteligencia artificial, ciberseguridad, ciencia de datos) en las universidades de Gran Canaria y Tenerife. El Ministerio de Educación, en su informe de 2025, señaló que el 68 % de los participantes ya había conseguido contratos remotos con compañías internacionales, contribuyendo a un aumento del índice de competitividad digital de las islas, que pasó de 0,72 a 0,84 en la escala de la UE.
De cara al futuro, los expertos del Centre for Remote Work Studies de Las Palmas, citados en la audiencia del Parlamento español de junio 2026, plantean tres posibles escenarios. En el más optimista, la ampliación de la infraestructura de red y las políticas de integración social estabilizarían el mercado inmobiliario, manteniendo el alquiler medio dentro de un 5 % del nivel de 2025 y generando un aporte adicional de 1,2 mil millones de euros al PIB regional para 2030. En el escenario más prudente, la presión sobre la vivienda seguiría creciendo, con un incremento medio del 12 % de los precios de alquiler para 2029, obligando al Gobierno a imponer límites más estrictos a los alquileres breves. Finalmente, el escenario de “estancamiento” preveía una paralización de los flujos migratorios si las políticas de apoyo se retrasaran, con pérdida de oportunidades de innovación y disminución del atractivo internacional de las islas.
En conclusión, el fenómeno de los trabajadores remotos constituye una de las palancas más dinámicas para la recuperación económica de Canarias, pero su sostenibilidad depende de un equilibrio entre incentivos fiscales, desarrollo de infraestructuras y políticas sociales inclusivas. Solo un enfoque integrado podrá transformar este flujo temporal en una fuente estable para el futuro de las islas.