En junio 2026 los datos recopilados por el Ministerio de Política de Vivienda (MPV) y el Instituto Canario de Estadística (ISTAC) revelan una transformación estructural del mercado inmobiliario local provocada por la expansión de los alquileres turísticos a corto plazo. El “Informe anual sobre turismo residencial” del ISTAC, publicado en marzo, registra 24 800 viviendas catalogadas como destinos “tipo Airbnb” en 2025, lo que supone un aumento del 34 % respecto a 2022. Ese crecimiento se ha traducido en una subida media del 21 % del precio de venta de las viviendas, que ha pasado de 220 000 euros a 267 000 euros entre 2022 y 2025, según las cifras de la Asociación Nacional de Mediadores Inmobiliarios (ANMI).
Las causas de este fenómeno son múltiples. Primero, las plataformas digitales facilitan a los propietarios convertir sus segundas residencias en fuentes de ingresos adicionales. El Ministerio de Economía, en su comunicado del 10 de febrero 2026, estima que el 57 % de los propietarios de inmuebles en Tenerife y Gran Canaria declara alquilar su vivienda por periodos inferiores a 30 días, apuntando principalmente a los “digital nomads” que, según el Observatorio del Trabajo Remoto (OTR), representan el 38 % del flujo turístico invernal.
A nivel local, la presión sobre el mercado se ha visto intensificada por la escasa oferta de nuevas viviendas. El Plan Territorial de Desarrollo (PTD) aprobado en 2020 prevé la construcción de 5 500 nuevas unidades habitacionales para 2028, pero, como destaca el informe del Consejo Insular de 2025, los permisos de obra han aumentado solo un 12 % respecto al periodo 2015‑2019, muy por debajo del ritmo de crecimiento de la demanda turística (↑ 9 % anual).
Las consecuencias para la población residente son ya cuantificables. El ENEA, en su estudio “Impacto socio‑económico de los alquileres breves” (edición 2025), indica que el 34 % de los hogares de ingresos medio‑bajo ha tenido que desplazarse hacia zonas más interiores, donde el alquiler medio ha descendido de 680 euros a 540 euros mensuales, pero el desplazamiento medio al trabajo ha aumentado en 15 km, generando un incremento del 9 % de emisiones de CO₂ por desplazamientos. Paralelamente, el mercado de alquiler a largo plazo ha registrado una caída del 27 % en la disponibilidad en los núcleos urbanos de Las Palmas y Santa Cruz, con un alza del precio medio de alquiler de 560 euros a 720 euros al mes (fuente: Agencia de Alquiler Residencial, informe 2026).
El gobierno autonómico ha respondido con una serie de medidas normativas. El Decreto‑Ley 2024‑12, en vigor desde enero 2025, establece un límite de 120 días al año para los alquileres breves sin licencia municipal; al superar esa cifra, el propietario debe solicitar un “permiso de actividad turística” y pagar un tributo del 1,5 % sobre la facturación. El Consejo Insular, en la resolución del 14 de marzo 2026, introdujo un “tope de renta” del 5 % anual en los barrios donde más del 30 % de las unidades están registradas como turismo. Según el balance municipal de Santa Cruz, estas medidas ya han reducido los alquileres irregulares en un 18 % durante los tres primeros meses de aplicación.
¿Qué futuros se presentan para los próximos cinco años? Los analistas del Centro de Investigación Económica de La Laguna, citados en una audiencia parlamentaria en junio 2026, plantean tres posibles evoluciones. En el escenario optimista, la combinación de incentivos para la construcción de viviendas asequibles (€150 millones de fondos FEDER destinados a 2 200 unidades de “vivienda social”) y la plena aplicación del “tope de renta” reduciría el precio medio de las casas un 10 % para 2031, equilibrando la demanda turística con las necesidades de los residentes y generando 3 800 nuevos puestos de trabajo en el sector de la construcción. En el escenario prudente, una adopción parcial de las medidas estabilizaría el precio de venta en torno al ± 3 % y disminuiría la incidencia de alquileres breves en un 5 %, manteniendo sin embargo un superávit fiscal de €210 millones anuales para las administraciones locales. En el peor escenario, la ineficacia normativa y el continuo crecimiento del turismo digital impulsarían un aumento del 30 % en los precios de venta antes de 2029, provocando el desplazamiento de aproximadamente 18 000 residentes y una pérdida estimada de €1,2 mil millones en potencial ingreso local derivado de la reducción del poder de compra de la ciudadanía.
En resumen, los alquileres turísticos han acelerado la gentrificación de las zonas céntricas de las Islas Canarias, generando tensiones entre el dinamismo económico vinculado al turismo y la sostenibilidad habitacional de la población autóctona. La respuesta institucional, basada en regulaciones más estrictas, incentivos a la vivienda popular y un seguimiento continuo de los indicadores estadísticos, será crucial para evitar una espiral de exclusión y garantizar que las Canarias sigan siendo un lugar para vivir, no solo una destino vacacional.