El Consejo de Ministros aprobó el pasado 7 de julio una subvención directa de 450.000 euros al Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias (IUETSPC), vinculado a la Universidad de La Laguna. La medida, formalizada mediante el Real Decreto 564/2026, de 8 de julio, firmado por la ministra de Sanidad, Mónica García Gómez, se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 10 de julio y entró en vigor el 11 de julio de 2026.
El objetivo declarado es reforzar la vigilancia entomológica y epidemiológica en los puntos calientes de entrada de vectores invasores, principalmente los mosquitos del género Aedes —como el Aedes albopictus (mosquito tigre) y el Aedes aegypti—, responsables de transmitir dengue, fiebre amarilla, zika y chikungunya. No es una alarma abstracta: España registró sus primeros casos autóctonos de dengue en 2018, y el Aedes aegypti, erradicado de Europa en la primera mitad del siglo XX, ha recolonizado en los últimos años regiones como Chipre o Madeira, provocando brotes de cierta entidad.
Canarias ocupa una posición especialmente expuesta: punto de unión entre Europa, África y América, el archipiélago recibe un tráfico muy intenso de mercancías y personas, mientras que su clima cálido y húmedo resulta idóneo para el establecimiento de estos vectores. No en vano, desde 2013 la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias y el Ministerio de Sanidad mantienen un programa conjunto de vigilancia entomológica que ha permitido detectar diversas introducciones de mosquitos invasores en el archipiélago, en algunos casos con intensos esfuerzos de eliminación del vector.
El IUETSPC, creado en 2001 a propuesta del Consejo Social de la Universidad de La Laguna precisamente para responder al repunte de patologías tropicales importadas, es hoy un nodo estratégico de redes nacionales como la RE-LAB (Red Española de Laboratorios de Alerta Biológica, de la que forma parte desde 2019) y el CIBERINFEC, el centro de investigación colaborativa en enfermedades infecciosas al que fue admitido en 2021. Desde 2021 recibe además el respaldo del Cabildo de Tenerife mediante subvenciones nominativas, reconocidas como acción prioritaria y estratégica de interés general.
Los fondos estatales, que se abonarán en un único pago anticipado, deberán emplearse en un plazo de doce meses para contratar personal especializado, renovar el equipamiento de laboratorio empleado en el diagnóstico de alertas biológicas, reforzar la vigilancia en los puertos y aeropuertos del archipiélago y apoyar la gestión de los proyectos de investigación del instituto. La entidad beneficiaria deberá justificar el uso de los recursos en un plazo de tres meses tras la conclusión de las actividades.
Para residentes y visitantes de las islas, la noticia se traduce en un refuerzo concreto —aunque entre bambalinas— de la capacidad de detectar precozmente posibles brotes de enfermedades tropicales emergentes, un asunto cada vez más relevante en un contexto de cambio climático y de creciente movilidad internacional hacia y desde el archipiélago.