Los datos vuelven a situar a Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife en el centro del mapa español de cruceros. Según las cifras de Puertos del Estado publicadas el 24 de julio, el Puerto de Las Palmas recibió 1.300.770 cruceristas en el primer semestre de 2026, un 9,6% más que en el mismo periodo de 2025, mientras que el Puerto de Santa Cruz de Tenerife contabilizó 1.000.417 pasajeros, con un crecimiento del 10,2%. Entre ambos superan los 2,3 millones —cerca de los 2,4 millones—, más de uno de cada tres cruceristas que llegaron a España en ese periodo.
La cifra destaca aún más al compararla con la media nacional: España recibió en conjunto 6,38 millones de cruceristas, apenas un 1,8% más que el año anterior, muy lejos del 18,1% registrado en el primer semestre de 2025. Canarias crece muy por encima del resto del país, justo cuando otros destinos cambian de estrategia: Baleares perdió un 18,3% de pasajeros y redujo un 11,6% las escalas en un contexto de restricciones al tráfico marítimo. Barcelona ha optado por limitar su capacidad concentrando la actividad en el muelle Adossat y subiendo la fiscalidad a los cruceros de tránsito; Palma ha llegado a un acuerdo con las navieras para ordenar las llegadas, reducir emisiones y repartir mejor los flujos de visitantes.
El Gobierno canario, de momento, no sigue ese camino. La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, ha insistido en que el crecimiento de las escalas es una oportunidad para dinamizar otras cadenas de valor —el avituallamiento de buques, los servicios portuarios, la reparación naval— más que un riesgo que deba limitarse. Pero la presión sobre los servicios de ambas capitales es cada vez más visible: cuando coinciden varios buques en puerto se repiten la escasez de taxis, las retenciones en los accesos a las terminales y la concentración de visitantes en las zonas comerciales del centro. A esto se suma el debate ambiental, con expertos que advierten sobre la necesidad de actuar frente a las emisiones de los cruceros atracados.
El asunto ha vuelto a la agenda también por motivos que van más allá de lo económico: el episodio del buque Hondius, protagonista a principios de año de una operación excepcional vinculada a la Organización Mundial de la Salud, dejó claro que el consenso social cambia en cuanto un crucero deja de ser solo actividad económica y se convierte en un desafío sanitario o logístico.
Para Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, la pregunta ya no es solo cuántos cruceristas llegan, sino cómo gestionar un liderazgo que las sitúa entre los grandes polos crucieristas de Europa sin que la movilidad, el espacio urbano y los servicios públicos terminen soportando una presión difícil de asumir.