Las Palmas de Gran Canaria ha puesto en marcha una revisión profunda de su modelo turístico, con el objetivo declarado de situar al residente, y no solo al visitante, en el centro de las decisiones. El Ayuntamiento ha anunciado la puesta en marcha del cuarto Plan de Marketing Turístico y de una estrategia 2026-2030 pensada para abordar conjuntamente los retos del crecimiento sostenible, la innovación y el bienestar de quienes viven la ciudad cada día, sin renunciar a su identidad atlántica ni al tejido cultural que la caracteriza.
Este cambio de enfoque llega en un momento delicado para el turismo canario. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que Canarias es, en 2026, la comunidad autónoma española con peor evolución de la actividad turística, a contracorriente del crecimiento registrado en otros grandes destinos del país. Una desaceleración que coincide con un debate público cada vez más candente: en los últimos meses, miles de personas han salido a la calle en distintas islas del archipiélago para protestar contra los efectos del turismo masivo, pidiendo a las administraciones que limiten los flujos de visitantes para proteger a los residentes del encarecimiento de la vivienda, la congestión del tráfico y la saturación de los servicios públicos.
En este contexto, la decisión de Las Palmas de reorientar su estrategia adquiere un significado que va más allá del marketing turístico en sentido estricto. El Ayuntamiento apuesta por un modelo en el que la actividad turística no opere como un sector aislado, sino como un sistema integrado capaz de generar valor directo para la calidad de vida de la ciudadanía, evitando que la convivencia entre la vida cotidiana y la llegada de visitantes se convierta en una fuente permanente de tensión. No hay que olvidar que el turismo sigue siendo un pilar económico imprescindible para el archipiélago: según los datos más recientes del Gobierno regional, el sector representa el 37,7% de la economía canaria y el 42,3% del empleo, generando más de 4.107 millones de euros en ingresos fiscales, el 43,2% de la recaudación pública del archipiélago.
Encontrar un punto de equilibrio entre estas cifras y las crecientes demandas de quienes viven de forma estable en las islas es, por tanto, el verdadero reto que afronta Las Palmas —y, en general, todo el archipiélago— en los próximos años. La estrategia municipal se enmarca en un debate que también implica a otros cabildos y al Gobierno regional, llamados a definir reglas más claras sobre la regulación de los alquileres turísticos, la capacidad de carga de las islas y la gestión de los impactos ambientales y económicos vinculados a grandes eventos y flujos turísticos estacionales.
El éxito de este cambio de rumbo se medirá no tanto en las cifras de llegadas turísticas de los próximos meses, sino en la capacidad de las instituciones para demostrar, con hechos concretos, que el crecimiento económico y la calidad de vida de los residentes pueden avanzar realmente de la mano.