Ocho de cada diez autobuses públicos, hoy, en Canarias ya no queman ni un gramo de combustible fósil. Entre Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, más del 85% de la flota de transporte colectivo ha sido convertida a vehículos eléctricos, un hito que en pocos años ha transformado lo que era un proyecto piloto en la columna vertebral de la movilidad cotidiana del archipiélago, y de su oferta turística.
Sosteniendo esta transformación hay una red de infraestructuras que ha crecido con rapidez: más de 5.200 puntos de recarga distribuidos por las islas, una cifra que sitúa a Canarias entre los territorios insulares más avanzados de Europa en este terreno. Solo en los últimos meses, la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, dirigida por Mariano Hernández Zapata, abrió una nueva línea de subvenciones de 1.875.000 euros, cofinanciada por el Programa Feder Canarias 2021-2027, destinada tanto a la adquisición de vehículos eléctricos o de cero emisiones para el transporte colectivo de viajeros como a la implantación de infraestructuras de recarga de acceso público.
Las condiciones eran precisas: las empresas públicas y privadas que prestan servicios de transporte colectivo, junto con titulares de licencias de taxi y VTC, pudieron solicitar hasta 30.000 euros por vehículo, un importe variable según la categoría y si se realizaba o no el achatarramiento de un vehículo anterior. Para las infraestructuras de recarga, los ayuntamientos y empresas públicas pudieron obtener hasta el 100% de la inversión subvencionable. La línea contemplaba también una reserva específica de 625.000 euros para el sector del transporte y profesionales, y otros 625.000 para ayuntamientos y cabildos, con solicitudes admitidas entre el 12 de junio y el 13 de julio de 2026, y una jornada formativa online celebrada el 19 de junio, organizada junto a las Oficinas de Energía de Canarias y dirigida a patronales como Femete, Femepa y CEOE Tenerife.
"La movilidad sostenible es una pieza clave para avanzar en la transición ecológica y energética de Canarias", declaró Hernández Zapata al abrir la convocatoria, subrayando el objetivo de "renovar flotas, ampliar la red de recarga y ofrecer nuevas oportunidades" a administraciones, empresas y profesionales.
Detrás del anuncio institucional, sin embargo, hay una realidad más compleja. La conversión de la flota pública afecta sobre todo a los autobuses urbanos e interurbanos gestionados por las administraciones, mientras que el sector del transporte privado —taxis, VTC, alquiler de coches, un segmento crucial para una economía fuertemente turística— avanza a un ritmo distinto, condicionado por el coste de adquisición de los vehículos eléctricos y por la disponibilidad de carga rápida en las zonas más periféricas de las islas menores. Ahí se juega la próxima fase de la transición: ya no solo "cuántos vehículos públicos son eléctricos", sino "cuán extensa, fiable y rápida" es la red de recarga para quienes trabajan cada día en la carretera.
Con un archipiélago que depende casi por completo de la importación de combustibles fósiles, cada punto porcentual ganado por lo eléctrico pesa doblemente: en términos ambientales y en términos de menor dependencia energética exterior. Un reto que Canarias, a juzgar por los números de este verano de 2026, parece afrontar con más determinación que la media nacional.