Un archipiélago que importa casi todo lo que consume y que depende del transporte aéreo más que casi cualquier otro territorio europeo tiene un problema doble: los residuos que genera se quedan en la isla, y el combustible que quema llega casi siempre de fuera. De ese doble nudo parte la revisión de la Estrategia Canaria de Economía Circular (ECEC), impulsada por la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, cuyos primeros resultados concretos se han dado a conocer en las últimas semanas.
Entre las iniciativas en marcha figura la creación de una Oficina Técnica de Economía Circular, pensada para coordinar a los distintos actores —cabildos, ayuntamientos, empresas, centros de investigación— en torno a objetivos comunes. El plan actual, el PAEC 2024-2026, prevé alcanzar un 60% de ejecución a finales de este año, con el resto de acciones ya en marcha. Pero es la mirada al próximo trienio la que hace el proyecto especialmente relevante para quien vive en Canarias: el futuro Plan de Acción 2027-2029, cuyo primer borrador se espera en los próximos meses y que entrará en vigor en enero de 2027, concentrará buena parte de las medidas en tres ejes —biorresiduos, plásticos y envases, construcción— considerados estratégicos para un territorio insular.
Entre las líneas de trabajo ya en marcha destaca la de los combustibles sostenibles de aviación, los llamados SAF (Sustainable Aviation Fuels): una apuesta nada trivial para un archipiélago cuya economía turística depende casi por completo de las conexiones aéreas. Si el transporte marítimo y aéreo siguen siendo de los sectores más difíciles de descarbonizar, apostar por combustibles producidos localmente a partir de residuos orgánicos u otras fuentes sostenibles supondría reducir tanto la dependencia exterior como la huella ambiental de un sector al que las islas no pueden renunciar.
Junto a los SAF, la estrategia trabaja en el ecodiseño —el diseño de productos pensado desde el inicio para reducir residuos y favorecer la reutilización— y en la contratación pública circular, es decir, criterios ambientales incorporados directamente en los pliegos de las administraciones. Son instrumentos menos vistosos que una gran inversión en infraestructura, pero que con el tiempo pueden cambiar la forma en que el archipiélago produce, consume y gestiona sus residuos.
Queda por ver si el salto del 60% de ejecución del plan actual a los objetivos más ambiciosos de 2027-2029 se traducirá en cambios perceptibles en el día a día de residentes y empresas, o si seguirá siendo —como suele ocurrir con las estrategias de sostenibilidad a largo plazo— un proceso silencioso, hecho más de oficinas técnicas y documentos de planificación que de anuncios de impacto. Para un archipiélago que vive del turismo y de las importaciones, sin embargo, cada paso hacia una gestión más autónoma de sus recursos pesa más que la media.