Doscientos treinta y cuatro millones de euros. Es la nueva cifra con la que el Cabildo de Gran Canaria relanzó, a finales de julio, la licitación para transformar el Estadio de Gran Canaria en una de las sedes del Mundial de fútbol de 2030: un 34% más que el primer concurso, que quedó desierto porque ninguna constructora aceptó ejecutar la obra por 174,7 millones.
El primer intento, publicado el 3 de junio, se estancó por dos motivos: el precio, considerado insuficiente por las empresas, y la exigencia de que la UD Las Palmas siguiera disputando sus partidos en el recinto durante las obras. Para superar el bloqueo, el nuevo pliego amplía el número de financiadores: a la aportación de la UD Las Palmas (60 millones) se suman ahora el Gobierno de Canarias, con 25 millones, y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con otros 15 millones —dos administraciones que no figuraban en el proyecto original—. El resto queda a cargo del Cabildo, que negocia en paralelo con el Gobierno central para cerrar la financiación definitiva.
Las obras, con un plazo de ejecución estimado de 36 meses, deberán estar terminadas en 2029, a tiempo para la cita mundialista. El proyecto contempla ampliar el aforo de 32.400 a 41.854 espectadores, reorganizar el sistema de aparcamientos —597 plazas, con posibilidad de llegar a 623, más un estacionamiento colindante de 3.500 plazas para grandes eventos— y dotar al estadio de tecnología de última generación exigida por los estándares FIFA. La permanencia del club local en el recinto durante el cantiere sigue siendo, no obstante, un condicionante que complica las cosas a las empresas interesadas.
El caso del estadio no es un hecho aislado. Según la patronal de la construcción de Las Palmas, en todo el archipiélago se han declarado desiertas 322 licitaciones públicas, un fenómeno ligado al encarecimiento de los materiales y a la escasez de mano de obra especializada: un recordatorio de que, en un territorio insular, los costes logísticos pueden disparar incluso los proyectos mejor planificados. Con 234 millones de euros, el del estadio se convierte en el mayor proyecto de obra pública ejecutado en la isla en la última década.
La partida, para Gran Canaria, no es solo técnica ni financiera. El Mundial 2030 supone un escaparate mediático de una dimensión difícil de igualar con cualquier otra campaña de promoción, pero experiencias como las de Río de Janeiro en 2014 o Japón en 2002 recuerdan que las grandes instalaciones deportivas pueden acabar convertidas, tras el evento, en infraestructuras infrautilizadas y costosas de mantener si no se integran en una estrategia a largo plazo. En cambio, Barcelona con los Juegos de 1992 o Londres con los de 2012 demostraron que una planificación cuidadosa puede transformar el legado de un gran evento en un motor de desarrollo urbano duradero. Si el nuevo concurso volviera a quedar desierto, advierten observadores locales, el calendario hacia 2030 correría serio riesgo de descarrilar, y con él la oportunidad de la isla de capitalizar el impacto económico y turístico de una cita global.