Canarias cuenta con varias Reservas de la Biosfera reconocidas por la UNESCO. Sin embargo, hasta hoy, casi todas se detienen en la orilla. De esa constatación nace Amplía, el proyecto científico que plantea extender el estatus de reserva también a las aguas que rodean Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote: un trozo de territorio insular que, pese a ser la parte más extensa del archipiélago, ha quedado hasta ahora casi por completo fuera de los instrumentos de protección ambiental más sólidos.
El objetivo declarado es doble: proteger la biodiversidad marina y frenar el deterioro de ecosistemas ya sometidos a presión, avanzando al mismo tiempo hacia un modelo de cogestión sostenible que implique a pescadores, administraciones y comunidad científica en la gestión cotidiana de estos espacios, en lugar de limitarse a imponer prohibiciones desde arriba.
El proyecto llega en un momento de atención institucional creciente hacia el tema. El 22 de julio, en Santa Cruz de Tenerife, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, clausuraron juntos los actos conmemorativos por los aniversarios de las Reservas Marinas de Interés Pesquero de Canarias, una cita que sirvió para repasar beneficios ya medibles: según lo trasladado por las autoridades, las reservas pueden favorecer el relevo generacional en la pesca artesanal, generar nuevas oportunidades de empleo y mejorar el estado de conservación de la biodiversidad marina, sus hábitats y los servicios ecosistémicos que prestan.
El reto de Amplía, sin embargo, va más allá de la simple extensión geográfica de una etiqueta de protección. Supone repensar el propio límite de lo que consideramos "territorio" en un archipiélago donde el mar no es un margen, sino la parte más extensa y menos visible del paisaje cotidiano. Para un pescador artesanal de Lanzarote o un biólogo marino de Fuerteventura, la diferencia entre una reserva que termina en la costa y otra que protege de verdad las aguas territoriales no es teórica: implica caladeros más sanos a medio plazo, pero también nuevas normas que negociar a corto plazo.
No todos los detalles técnicos del proyecto son ya públicos, y la fase actual sigue siendo de planificación científica más que de aplicación normativa. Pero la dirección —proteger el mar canario con el mismo rigor ya reservado a laurisilvas y volcanes— marca un cambio de perspectiva que difícilmente pasará inadvertido entre quienes, en Canarias, viven del mar cada día.