En un edificio de Las Palmas, en el tercer piso una familia tiende la ropa en el balcón; en el cuarto, una maleta con ruedas cruza el rellano cada tres días. Esa convivencia cotidiana es, en el fondo, lo que el nuevo decreto ley que prepara la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias intenta ordenar.
La consejera Jéssica de León lo describe como un intento de conciliar tres realidades que casi nunca se sientan en la misma mesa: los residentes que no encuentran vivienda asequible, los propietarios de apartamentos turísticos que reclaman el derecho a rentabilizar su propiedad, y los empresarios del sector que piden reglas estables para poder invertir. El texto, según ha informado Radio Televisión Canaria, es todavía un borrador de trabajo, aunque el Ejecutivo insiste en que buscará el consenso total antes de llevarlo al Consejo de Gobierno.
El punto de partida es la Ley 6/2025, en vigor desde diciembre pasado, que ya redibujó el mapa del alquiler vacacional en el archipiélago. Solo el 10% de las viviendas de un edificio puede destinarse a uso turístico, un porcentaje que sube al 20% en las llamadas islas verdes —El Hierro, La Gomera y La Palma—, donde la presión turística es menor y se necesita más margen para dinamizar la economía. Quien mantenga el uso turístico una vez extinguido el título habilitante se enfrenta a multas de entre 15.000 y 150.000 euros. Desde el 15 de agosto de 2026, además, un contrato de temporada puede tratarse en Canarias como un arrendamiento turístico, un matiz técnico que en la práctica cierra otro resquicio.
El nuevo decreto ataca un frente distinto, y más delicado: el llamado principio de unidad de explotación, la norma que exige el consenso del 100% de los propietarios de un edificio para poder gestionarlo íntegramente como alojamiento turístico. Un modelo que, según reconoce la propia Consejería, está fracasando precisamente por esa rigidez, y que el Gobierno quiere flexibilizar con estímulos concretos para reconvertir viviendas turísticas en residenciales, o viceversa.
Las reacciones no tardaron. Doris Borrego, presidenta de Ascav, reclama libertad total para que los propietarios decidan si destinan su inmueble al alquiler vacacional o lo ceden a un explotador turístico. Enfrente, Maribé Doreste, al frente de la PALT, defiende mantener el estatus no turístico de los edificios residenciales, temiendo que cualquier apertura se convierta en la grieta por la que se cuele todo lo demás.
De fondo queda un dato estructural que en Canarias resulta difícil de ignorar: el turismo sostiene la economía del archipiélago, pero también aparece como la explicación más repetida cuando se habla de precios de vivienda fuera del alcance de quienes nacieron aquí o llegaron para trabajar. No es casualidad que en los últimos años las movilizaciones bajo el lema "Canarias tiene un límite" hayan devuelto el asunto al centro del debate público, empujando a las instituciones a legislar con un detalle cada vez mayor.
No está claro cuándo llegará la versión definitiva del decreto, ni si logrará ese consenso "total" que se ha fijado como objetivo la Consejería. Por ahora sigue siendo un terreno en obras, con propietarios y residentes esperando saber hacia qué lado se inclina finalmente la balanza.