Quien quiera recorrer el sendero PNT-07, el que sube hacia Montaña Blanca y La Rambleta, o el PNT-10 dedicado a Telesforo Bravo, desde el 19 de enero de 2026 tiene que contar con un gasto que hasta hace poco no existía: hasta 25 euros para quien no reside en Canarias, importes reducidos para quienes viven en el archipiélago pero no en Tenerife, y acceso gratuito en días laborables para los residentes de la isla. Los ingresos, gestionados a través de la plataforma de reservas Tenerife ON, se destinan íntegramente a la conservación del Parque Nacional del Teide.
Es una medida acotada, pensada para dos senderos concretos entre los más frecuentados del parque, no una tasa turística general para todo el archipiélago. Pero llega en un momento en que el debate sobre la sostenibilidad del modelo turístico canario está lejos de cerrarse. El 17 de mayo, miles de personas marcharon por las calles de Gran Canaria bajo el lema "Canarias tiene un límite", exigiendo medidas más contundentes frente a lo que residentes y asociaciones ya definen abiertamente como saturación turística. Detrás de las protestas hay cifras difíciles de ignorar: en 2025 las islas recibieron 18,4 millones de visitantes, un flujo que, según muchos residentes, sigue creciendo más rápido de lo que las infraestructuras locales pueden absorber, con efectos directos sobre el precio de la vivienda y la vida cotidiana en los núcleos más turísticos.
Pese a ello, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha reiterado que el Gobierno regional no tiene intención, al menos por ahora, de introducir una tasa turística general aplicable a todo el archipiélago, dejando abierta la puerta a una eventual revisión en una legislatura futura. Mientras tanto, las islas avanzan con medidas puntuales: además de la ecotasa del Teide, el Parque Rural de Anaga en Tenerife introdujo ya desde enero de 2024 límites diarios de acceso y la prohibición de autobuses turísticos en determinadas zonas, un modelo de gestión de la demanda que varios observadores señalan como posible referencia para otras áreas sensibles del archipiélago.
La sensación, hablando con quienes siguen de cerca el debate, es que Canarias busca un punto intermedio entre dos presiones opuestas: por un lado, un sector turístico que genera una parte sustancial del producto interior bruto regional y no puede permitirse frenazos bruscos; por otro, una población local cada vez más explícita al pedir límites concretos. No es casualidad que las islas hayan entrado este año en la lista "No List" de la revista de viajes Fodor's, pensada para señalar destinos donde la presión turística empieza a ser difícil de ignorar.
Si la ecotasa del Teide bastará para calmar los ánimos o si se trata solo de la primera de una serie de medidas más amplias es una pregunta que, por ahora, nadie en la administración regional parece dispuesto a responder de forma definitiva.