Alexander no quería quedarse. En el invierno de 2022 llegó a Tenerife con un plan concreto: unos meses y volver a Ucrania. Un médico había recomendado alejar a su hija del frío ucraniano, que agravaba sus problemas respiratorios, y Canarias parecía el destino adecuado. Él, ingeniero jefe de una empresa neerlandesa, podía teletrabajar igual desde allí que desde Kiev. Después estalló la guerra, y aquel plan de un invierno se convirtió en una vida entera.
Lo cuenta él mismo en Herrera en COPE Tenerife, con la franqueza de quien ha aprendido a convivir con un país que no es el suyo pero que, dice, "para los niños es un paraíso". La salud de su hija mejoró, el clima y la vida al aire libre ayudaron, y Alexander habla hoy un español que le ha abierto puertas que de otro modo habrían quedado cerradas. Pero en su relato también aparece la otra cara de un fenómeno que las instituciones canarias impulsaron durante años.
Durante la pandemia, con el turismo a cero, Canarias se promocionó activamente como refugio para trabajadores remotos europeos. Al principio llegaban sobre todo surfistas con el portátil bajo el brazo, de paso un par de meses. Luego el perfil cambió: profesionales con sueldos de 4.000 o 5.000 euros, dispuestos a quedarse al menos un año. Ahí es donde el beneficio para el archipiélago se complicó. La alta rentabilidad del alquiler de corta duración para extranjeros llevó a muchos propietarios a preferir nómadas antes que residentes, vaciando barrios históricos como Las Canteras en Gran Canaria o el centro de Santa Cruz de Tenerife. El resultado, según COPE, es una subida drástica de las rentas y un coste de vida entre los más altos de España.
Alexander lo vivió de primera mano cuando dejó de ser un turista prolongado y empezó a buscar vivienda para quedarse. "Me costó mucho", admite sin rodeos. Al principio vivía en un Airbnb, cómodo pero caro. Después llegó la búsqueda de un alquiler de verdad, y con ella la barrera del idioma, incluso antes de entender las reglas del mercado. Algunos intermediarios intentaron cobrarle comisiones extra, otros exigieron avales desproporcionados pese a unos ingresos demostrables como ingeniero para una empresa neerlandesa. "Si no conoces bien las leyes españolas y canarias, alguien intenta aprovecharse", cuenta.
Está también el capítulo fiscal, el que más le desconcierta. Como autónomo, Alexander paga impuestos que califica de "muy altos". Y se hace una pregunta que también repiten los residentes canarios desde hace generaciones: por qué existe el IGIC, el sistema aduanero propio del archipiélago, en lugar de las mismas reglas que rigen en el resto de España. "Son dos o tres cosas que me molestan", dice, aunque no lo suficiente como para arrepentirse de su decisión.
Al final su balance sigue siendo positivo, con una recomendación clara para quien quiera seguir sus pasos: aprender español, porque la vida cambia radicalmente para quien habla el idioma del lugar. Y un pensamiento que va más allá de su propia experiencia, hacia un país, Ucrania, donde la guerra continúa: para él y su familia, dice, el apoyo de España sigue siendo fundamental.
Su historia llega en un momento en que el debate sobre los nómadas digitales en Canarias se vuelve cada vez más tenso. Ya no se trata solo de cuántos llegan, sino de qué dejan y qué se llevan de quienes habitan las islas desde siempre. Entre un ingeniero que encontró salud y trabajo y un residente que ya no encuentra casa en su propio barrio, la respuesta nunca es una sola.