El miércoles pasado, mientras más de dos mil profesionales de noventa países se reunían en Las Palmas de Gran Canaria para la inauguración de Seatrade Cruise Med 2026, la presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, soltó una cifra que merece leerse dos veces: dieciocho por ciento. Es el crecimiento del tráfico de cruceros que los puertos de la provincia de Las Palmas esperan para la próxima temporada, en línea con el registrado en la que acaba de terminar.
No es un dato aislado. Entre enero y junio de este año, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife recibieron juntas más de 2,3 millones de cruceristas, más de uno de cada tres de los que llegaron a toda España, según los datos de Puertos del Estado. El Puerto de Las Palmas alcanzó los 1.300.770 pasajeros, un 9,6% más que en el mismo periodo del año anterior; el de Santa Cruz contabilizó 1.000.417, con un crecimiento del 10,2%. En el resto de España, en ese mismo semestre, el avance se quedó en el 1,8%.
Hay además un factor que hasta hace poco ninguna previsión portuaria contemplaba: la tensión en Oriente Próximo y los problemas de seguridad en el mar Rojo están llevando a varias navieras a revisar sus itinerarios habituales. A través del operador Global Ports, distintas compañías ya han contactado con los puertos canarios para estudiar el reposicionamiento de sus buques. Si eso se confirma, el crecimiento de las próximas temporadas podría superar incluso las previsiones actuales.
Calzada recordó que la programación de 2027 ya está cerrada y que las navieras están comercializando ya sus rutas para 2028, un negocio que se planifica con años de antelación y que, cuando cambia de rumbo, lo hace despacio pero de forma difícil de revertir. Habló también de la nueva terminal de Las Palmas de Gran Canaria, que según ella es la mayor de Europa en sistemas de eficiencia energética, y pidió que el crecimiento de pasajeros se traduzca en un impacto mayor sobre la economía local, implicando al tejido empresarial de las islas.
Pero el dato que acompaña cada temporada de crecimiento es otro: la ausencia de taxis en las calles del centro los días en que coinciden varios buques, las retenciones en los accesos a las terminales, las zonas comerciales que se llenan de golpe para vaciarse pocas horas después. Son escenas ya habituales tanto en Las Palmas de Gran Canaria como en Santa Cruz de Tenerife, y alimentan un debate cada vez más intenso en el archipiélago: cuál es la capacidad real de ambas ciudades para absorber estos flujos sin deteriorar la calidad de vida de sus residentes.
Otros puertos han elegido un camino distinto. Barcelona, el principal puerto de cruceros de Europa, ha decidido limitar su capacidad concentrando toda la actividad en un único muelle y subiendo la fiscalidad sobre determinadas escalas. Palma optó por un acuerdo con las navieras que ordena las llegadas y reparte mejor los flujos de visitantes. Canarias, por ahora, se mantiene en la estrategia contraria: consolidar los cruceros como uno de los motores de la economía insular, aunque eso implique gestionar una presión creciente sobre los servicios públicos.
El episodio del crucero Hondius, la pasada primavera, ya dejó claro lo delicado que puede volverse el tema: bastó la posibilidad de un desembarco excepcional vinculado a una emergencia sanitaria para que el consenso en torno a la actividad crucerística se tambaleara. Ahora que las cifras vuelven a subir y nuevas rutas llaman a la puerta del archipiélago, la pregunta que muchos se hacen en Canarias ya no es solo cuántos pasajeros llegarán, sino cómo van a soportar el peso las dos capitales del archipiélago.