Desde el 8 de septiembre, quien conduce por el centro de Santa Cruz de Tenerife lo hace, técnicamente, dentro de una Zona de Bajas Emisiones plenamente en vigor. La ordenanza municipal se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia el 24 de agosto y se hizo efectiva quince días hábiles después, según el procedimiento administrativo habitual. Sobre el papel, es una meta que la ciudad perseguía desde hacía tiempo: un primer intento, en 2025, fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias porque el informe de impacto presentado por el Ayuntamiento resultaba, en palabras de la sentencia, prácticamente vacío y desconectado de la normativa que se pretendía aprobar.
Esta segunda versión, corregida con un nuevo informe técnico, introduce además un elemento que ningún otro municipio español había impuesto hasta ahora: la obligación de tener la ITV en regla para poder acceder al área, junto al seguro obligatorio en vigor. Es el artículo 13 de la ordenanza, y convierte a Santa Cruz en el primer caso en España de una zona de bajas emisiones que condiciona el acceso no solo a las emisiones del motor, sino también al estado de mantenimiento del vehículo.
La zona coincide en gran medida con el casco histórico y el barrio del Toscal, delimitada por la calle Méndez Núñez, la Rambla de Santa Cruz y la Avenida de Anaga. Las restricciones se aplicarán de lunes a sábado, de 7:00 a 20:00 horas, con excepciones para residentes, garajes privados y familias con bajos ingresos. El Ayuntamiento trabaja ya en una ampliación de la llamada zona URBAN, que pasaría de los actuales 226.697 metros cuadrados a 778.244, casi el triple.
Sin embargo, hay una distancia enorme entre la entrada en vigor formal y la aplicación práctica. Las cámaras y la infraestructura de control necesarias para hacer cumplir las restricciones tardarán, según las estimaciones, unos dieciocho meses en estar operativas. Y las sanciones propiamente dichas, las que convierten una prohibición en un elemento disuasorio real, no llegarán antes de julio de 2029. Durante casi tres años, en definitiva, Santa Cruz tendrá una zona de bajas emisiones que existe en la ordenanza municipal pero todavía no en la práctica diaria de quien conduce por el centro.
No es un caso aislado en el panorama canario. En Las Palmas de Gran Canaria, la ordenanza equivalente para el barrio de Alcaravaneras ni siquiera ha superado la aprobación inicial, pese a que la instalación de sensores de calidad del aire ya arrancó hace meses. La distancia entre anunciar una política ambiental y hacerla operativa, en las dos mayores ciudades de Canarias, se mide ya en años, no en meses: un tema que difícilmente dará tanto que hablar como la aprobación de la ordenanza en sí, pero que probablemente pesará más en la calidad del aire que respirarán los vecinos del Toscal en los próximos años.