¿Cuánto pesa una providencia? La que firmó la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo el 30 de septiembre ocupa poco papel, pero cierra una puerta. El Alto Tribunal inadmite el recurso de casación del Cabildo de Tenerife sobre el Circuito del Motor por "falta de fundamentación suficiente" y "carencia de interés casacional objetivo". Además, condena a la corporación a pagar las costas, con un máximo de 1.000 euros.
Según elDiario.es/Canarias Ahora, es la primera resolución firme de los cuatro procedimientos judiciales abiertos sobre el Parque Internacional del Motor. Afecta al Proyecto de Explanaciones e Instalaciones para Graderíos Desmontables, uno de los cuatro bloques en que el Cabildo dividió la obra.
El origen está en 2011, cuando se aprobó la Declaración de Impacto Ambiental con una condición clara: caducaría si las obras no empezaban en cinco años. El Cabildo defendía que arrancaron el 23 de agosto de 2016, justo antes del plazo. El TSJC concluyó otra cosa. El acta de replanteo decía que los trabajos empezarían al día siguiente, "nunca se realizaron". El Supremo convierte ahora esa lectura en definitiva.
Hablamos de un proyecto de 650.000 metros cuadrados en Granadilla de Abona y una inversión pública inicial de 51 millones de euros, según la misma información. La demanda de partida la presentó la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN).
La reacción institucional ha sido prudente. El Cabildo que preside Rosa Dávila (CC) dijo a EFE que estudia la providencia y que suspenderá "de forma parcial y provisional" el contrato del proyecto afectado. No se para todo. Siguen pendientes el proyecto modificado de la fase 2 del acceso norte, la adaptación del circuito al Plan de Defensa contra Avenidas y el modificado de la pista de velocidad.
ATAN pide justo lo contrario de la prudencia: paralización inmediata, restauración de los terrenos y depuración de responsabilidades. "Nadie en el Cabildo puede decir que no lo sabía", sostiene el colectivo. Recuerda sus alegaciones de 2022, los avisos de los propios técnicos insulares, el del Diputado del Común en enero de 2024 y las dos sentencias previas.
Más allá del pleito, el caso dice mucho de cómo se venden en Canarias las grandes infraestructuras para eventos. Un circuito se justifica por lo que traerá: competiciones, pruebas de equipos, visitantes ligados al motor, actividad en el sur. Esa promesa sirve de argumento político mucho antes de que exista una sola carrera en el calendario. Cuando los papeles fallan, el resultado es un terreno transformado, dinero comprometido y un horizonte de eventos que nadie puede fechar.
¿Rehará el Cabildo la evaluación ambiental, como en la práctica le piden los tribunales? ¿Renunciará a parte del proyecto? Todavía no se sabe. Lo único seguro es que la primera curva judicial ya está tomada, y no a favor del circuito.