Empecemos por lo que no ha pasado: ninguna ley prohíbe ni limita hoy a nadie comprar vivienda en Canarias. Lo que ocurrió el 13 de octubre es que el Gobierno canario presentó en el Parlamento dos peticiones distintas para poder hacerlo en el futuro. Quien esté valorando una compra, o tenga una operación en marcha, hará bien en leerlas con calma y sin alarmismo.
La primera petición va a Bruselas. La semana anterior, el Ejecutivo regional envió al Ministerio de Asuntos Exteriores una serie de enmiendas al proyecto de reglamento europeo sobre vivienda asequible. El texto permitiría a las autoridades de las regiones ultraperiféricas, las islas y algunas regiones costeras regular, restringir o limitar de forma temporal la compra, el uso o el alquiler de inmuebles residenciales por parte de extranjeros no residentes. Las medidas podrían aplicarse en áreas mayores que un municipio, según la dimensión de la emergencia habitacional. El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, invocó el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE, el de las regiones ultraperiféricas: «No pedimos un privilegio, pedimos que el Reglamento aplique el artículo 349 del Tratado de la Unión».
Rodríguez precisó que las enmiendas no pretenden alterar el marco general del reglamento para el conjunto de la Unión, y que las restricciones serían de corta duración y complementarias a políticas que aumenten la oferta, sobre todo de vivienda asequible. El reglamento sigue en tramitación y las comunidades autónomas no están en el Consejo de la UE, así que el Gobierno canario escribió a tres ministerios (Exteriores, Vivienda y Agenda Urbana, Política Territorial) para pedirles que respalden las enmiendas en la negociación.
La segunda vía es estatal. Los servicios jurídicos del Gobierno canario han redactado una proposición de ley para limitar la compra de vivienda por parte de extranjeros no residentes en el archipiélago, y el texto ya está en manos del Gobierno de España. El presidente Fernando Clavijo pidió que el Consejo de Ministros lo apruebe antes de que acabe la legislatura. Las fuentes consultadas no recogen el contenido de la propuesta: no se sabe, por tanto, a quién se consideraría no residente, si los ciudadanos de la UE tendrían un trato distinto o si se verían afectados los contratos ya existentes. Son preguntas abiertas, y no conviene contestarlas por quienes tienen que decidirlas.
El debate se inserta en un contexto europeo que se mueve. La Comisión Europea prepara su estrategia sobre el derecho a quedarse, y el 23 de septiembre la Mesa del Comité de las Regiones adoptó la Declaración de Mullingar, que sitúa la vivienda entre las inversiones necesarias para que la gente pueda permanecer en sus territorios.
Un dato más, de estos mismos días: el Gobierno canario ha sometido a información pública el expediente para declarar todo el municipio de Las Palmas de Gran Canaria zona de mercado residencial tensionado. Se pueden presentar alegaciones del 15 de octubre al 12 de noviembre de 2026. Es otro tipo de intervención, sobre alquileres, pero muestra que el problema se aborda en varias mesas a la vez.
Para los italianos que viven en Canarias o piensan hacerlo, lo práctico es esto: mientras el reglamento y la ley no se aprueben, nada cambia. Pero la dirección política está dicha, y merece la pena seguir los pasos de Bruselas y del Consejo de Ministros en los próximos meses.