En enero, según RTVC, la torre de control del aeropuerto de El Hierro recortó veinte minutos su horario de servicio por falta de personal. Aena abrió un expediente sancionador contra Saerco, la empresa que gestiona la torre. El Gobierno de Canarias ponía ejemplos así cuando pedía voz en los aeropuertos del archipiélago. Ahora hay fecha: el 29 de octubre.
La anunció el jueves 22 el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, tras un Consejo de Gobierno extraordinario. Ese día, en Tenerife, Canarias y el Estado se reunirán en dos comisiones distintas. Una trata del mecanismo de participación de la comunidad autónoma en la gestión de los aeropuertos. El objetivo declarado es un órgano aeroportuario bilateral que garantice a las islas intervención en las decisiones sobre las infraestructuras. Cabello se mostró optimista: la firma podría llegar ese mismo día, “si se dan todas las condiciones”.
La reivindicación, recordó, tiene más de treinta años y, según él, se apoya en el artículo 161 del Estatuto de Autonomía de 2018. El acuerdo contemplaría un trato distinto para los aeropuertos de interés general y para los menores que no lo son. El nuevo órgano tendría funciones de diálogo, supervisión, reclamación y seguimiento, en un marco estable que no dependa solo de la voluntad del Gobierno central o de Aena. Para llegar hasta aquí, dijo, hicieron falta muchos intercambios de borradores.
El texto del pacto no es público, así que para calibrar su peso conviene mirar los pasos anteriores. En enero, el presidente de Aena, Maurici Lucena, rechazó la cogestión: una cesión a terceros sería “nula de pleno derecho”, y se puede mejorar la coordinación pero no la participación. En una reunión técnica del 10 de abril, el Ministerio de Transportes y Aena se mostraron dispuestos solo a buscar fórmulas de coordinación, al estilo del acuerdo con Euskadi. El 19 de mayo, el ministro Ángel Víctor Torres abrió la puerta a un pacto con ese mismo esquema: un órgano bilateral no vinculante, con posible influencia en inversiones, infraestructuras, tarifas y tasas, con Aena fuera del órgano y la gestión en manos del Estado. Entonces se hablaba de firma en junio. Estamos a finales de octubre.
¿Y para quien vuela? De momento nada cambia, y no conviene prometer otra cosa. Las fuentes consultadas no indican fecha de entrada en vigor ni aclaran si el órgano tendrá poderes vinculantes: en la versión descrita en mayo no los tenía. Si la firma llega el 29, la prueba vendrá en los meses siguientes, cuando una queja por un horario o una tarifa encuentre, o no, a alguien obligado a responder.