Imagine a una enfermera, una funcionaria de Hacienda y un agente de policía. Si trabajan para el Estado en una isla, en Mallorca pueden pasar a cobrar un complemento muy distinto al de un compañero canario del mismo nivel. Es la razón por la que el viernes 23 de octubre un grupo de empleados públicos se concentró ante la Delegación del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria.
Piden dos cosas, según RTVC: actualizar la indemnización por residencia, la que compensa el coste de vivir lejos de la península, y hacerlo por igual para todo el personal público del archipiélago. El texto menciona también una diferencia por categoría profesional. Los sindicatos calculan que afecta a unas 130.000 personas, entre personal de la Administración General del Estado y de la administración autonómica. La noticia no incluye importes ni declaraciones de responsables del Gobierno, y tampoco dice qué siglas estaban en la calle.
El contexto es un precedente que escuece. El Consejo de Ministros aprobó el 30 de junio una actualización de estas indemnizaciones para el personal estatal de Baleares, según recordó UGT Servicios Públicos Canarias en una petición al ministro Ángel Víctor Torres que recogió RTVC el 3 de julio. Su secretario general, Francisco Bautista, la calificó de «justa e histórica» y aseguró que las cuantías no se tocan «desde el siglo pasado». CSIF sitúa la firma del acuerdo el 6 de julio, en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado.
Las cifras baleares dan idea de la distancia. El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública habla de una subida del 100 % en Mallorca y de más del 300 % en el resto de islas. En la tabla de CSIF, un funcionario del grupo A1 en Mallorca pasa de 115,01 a 214,61 euros al mes; en Menorca, Ibiza y Formentera, de 127,33 a 697,60. Para el grupo AP, el más bajo, en Mallorca se pasa de 49,48 a 105,31 euros. Son importes mensuales y dependen del grupo profesional y de la isla. Las cuantías actuales o reclamadas para Canarias no aparecen en las fuentes que hemos leído, así que no las citamos.
Hay además un matiz. El Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público, firmado en noviembre de 2025, preveía según UGT una actualización para todo el Estado, no solo para Baleares. CSIF, que pide incluir a Canarias, Ceuta, Melilla y el Valle de Arán, sostiene que la situación geográfica dificulta cubrir plazas y provoca fuga de talento, y quiere cerrar la negociación antes de fin de año. El acuerdo balear, entretanto, obliga a Función Pública a presentar los cambios normativos en seis meses.
¿Por qué debería importarle a quien no trabaja para el Estado? Porque los servicios públicos de las islas dependen de que se pueda atraer y retener personal, y porque el alquiler, que estos días ocupa titulares, pesa tanto sobre quien llega de fuera como sobre quien lleva toda la vida aquí. También UGT vincula su petición al coste de la vida y a la presión sobre la vivienda.
En las fuentes leídas no hay respuesta oficial del Gobierno central ni fecha para una posible extensión. El siguiente paso visible son las reuniones que el sindicato esperaba ya en julio con el presidente canario y con el delegado del Gobierno.