El Parlamento de Canarias ha remitido a la Comisión Europea un dictamen sobre el borrador del reglamento europeo de vivienda asequible. Pide a Bruselas que mida la presión que ejercen el turismo, la residencia temporal y los trabajadores remotos con mayores ingresos sobre el parque de viviendas de las islas, y propone dos enmiendas. La noticia la publicó Atlántico Hoy el miércoles 28 de octubre de 2026.
La primera enmienda afecta al artículo 14 y a las medidas que ya estén en vigor antes de que se aplique el reglamento: el Parlamento quiere que se aclare qué ocurre cuando se modifiquen, se prorroguen o se desarrollen. La segunda, al artículo 16, pide que la evaluación futura del reglamento incluya de forma expresa un análisis de su aplicación en las regiones ultraperiféricas, la categoría de la UE a la que pertenece Canarias.
Para quien trabaja en remoto en las islas, interesa sobre todo otro pasaje. El dictamen sostiene que los criterios para declarar una zona de tensión residencial deben reflejar las condiciones insulares, más allá de los precios y las rentas medias. Como ejemplo propone la relación entre el precio de una vivienda representativa y la renta disponible por persona. En la práctica, con cifras redondas que son una estimación de la redacción: una vivienda de 300.000 euros en una zona donde la renta disponible sea de 15.000 euros por persona daría una relación de 20 a 1, y cuanto más sube ese número, más presión se atribuiría a la zona.
El texto también se ocupa de la carga que recaería en las administraciones locales. Gobierno autonómico, cabildos y ayuntamientos tendrían que acreditar la tensión residencial con datos, publicar sus evaluaciones y revisarlas con regularidad. El Parlamento advierte de que esa carga no puede ser tan compleja que impida actuar. En su propuesta, la Comisión aportaría los datos de precios a escala insular y las administraciones locales calcularían las cifras de las áreas más pequeñas.
La conclusión es clara: la propuesta respeta formalmente los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, pero, según el Parlamento, “no atiende suficientemente las particularidades de las regiones ultraperiféricas”.
El dictamen se suma a una petición más amplia del Ejecutivo canario. Según Diario de Avisos, el 13 de octubre el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, informó en el Parlamento de que había pedido enmiendas al mismo reglamento para que las autoridades puedan limitar de forma temporal la compra, el uso o el alquiler de inmuebles residenciales por parte de extranjeros no residentes. La base jurídica es el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, dedicado a las regiones ultraperiféricas. Las cartas se enviaron a tres ministerios, porque las regiones no participan directamente en el Consejo de la UE. Atlántico Hoy, al informar del dictamen, recuerda el plan de 2024 con el que el Gobierno canario destinó 700.000 euros a atraer nómadas digitales.
Quedan puntos abiertos. El dictamen no cuantifica el peso de cada factor en el mercado de la vivienda y no se ha indicado una fecha para el examen del reglamento en sede europea. Tampoco consta que hoy cambie nada para quien teletrabaja en Canarias: no se ha modificado ninguna norma.
Quien esté valorando mudarse, o ya tenga un contrato de alquiler en las islas, no tiene que hacer nada por ahora. Conviene desconfiar de quien ofrezca trámites de pago para “ponerse al día” con restricciones que de momento no existen.