El plazo acaba el 29 de noviembre. Hasta ese día, cualquier persona puede presentar alegaciones al anteproyecto de la Ley de Costas de Canarias, que la Dirección General de Costas y Gestión del espacio marítimo canario, con Antonio Acosta al frente, publicó el 29 de octubre en el portal de Participación Ciudadana.
El archipiélago suma más de 1.100 kilómetros de costa y una larga lista de conflictos con el Estado. El Estatuto de 2018 otorgó a Canarias la competencia exclusiva en ordenación y gestión del litoral, pero los medios llegaron después y, según dijo en febrero el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, fueron insuficientes. El Consejo de Gobierno arrancó la redacción el 23 de febrero de 2026.
El texto busca unas reglas pensadas para un territorio insular. Habla de conservar ecosistemas sin cerrar la costa al uso público ni a la actividad económica, de adaptación al cambio climático, de calidad de las aguas y de protección de espacios marinos. También pretende ordenar el reparto de competencias entre Gobierno, cabildos y ayuntamientos.
Lo que más interés despierta es el tratamiento específico de los núcleos costeros tradicionales, esos pueblos levantados hace décadas junto a la orilla y muchas veces dentro del dominio público. En 2023 el propio Acosta reconoció ante los vecinos que no había una cifra global de viviendas afectadas, y citó Los Molinos, en Fuerteventura, junto a Tufia y Ojos de Garza, en Telde.
Costas tiene prevista una nueva reunión con la Comisión de Afectados y encuentros con FECAM y FECAI. En abril, Acosta pidió una norma propia “cuanto antes” y construida desde el consenso con los ayuntamientos.
Queda camino. El anteproyecto tendrá que pasar por el Parlamento, una ley autonómica no puede anular la legislación básica estatal y las elecciones autonómicas están previstas para la primavera de 2027. Pero quien tenga casa en primera línea o negocio en la playa tiene tres semanas largas para leer el texto y alegar.