¿Cómo se mueven de forma sostenible siete islas separadas por el Atlántico, cada una con su propia red de transporte público, sus puertos y sus aeropuertos? Esa es la pregunta central de la II Jornada "Retos para una Movilidad Sostenible en Canarias", el encuentro dedicado este año a la intermodalidad de los territorios insulares como eje estratégico, que reunió en los últimos días a representantes del Gobierno de España, del Gobierno de Canarias y de los principales operadores de transporte del archipiélago.
El tema no es solo ambiental, sino también profundamente económico y social: en los archipiélagos, a diferencia de los territorios continentales, la movilidad entre un punto y otro depende casi siempre de la combinación de varios medios —barco, avión, autobús, a veces taxi colectivo— y es precisamente esta cadena de trasbordos la que representa el principal obstáculo para una movilidad realmente eficiente y de bajo impacto ambiental.
El Ministerio de Transportes ha confirmado un apoyo de 1.200 millones de euros en 2025 destinado a la movilidad de residentes y mercancías en Canarias, mientras que las inversiones previstas en puertos y aeropuertos del archipiélago superan los 2.000 millones de euros en los próximos años. Son cifras significativas que muestran hasta qué punto España considera estratégica la conectividad interna de las islas, no solo para el turismo sino, sobre todo, para la vida cotidiana de quienes las habitan.
En paralelo, Canarias avanza en una nueva ley autonómica de movilidad sostenible, pensada para integrar los distintos medios de transporte —público y privado, marítimo y terrestre— en un sistema más coherente y eficiente, reduciendo los tiempos de desplazamiento y las emisiones vinculadas a los constantes trasbordos entre islas.
El tema se entrelaza inevitablemente con el de la economía circular: la Consejería de Transición Ecológica y Energía presentó el Plan de Acción de Economía Circular 2024-2026, una herramienta articulada en veinte puntos y cuatro pilares fundamentales, pensada para reducir residuos, favorecer la reutilización de materiales, promover el reciclaje y sostener el empleo local vinculado a la gestión responsable de los recursos. También en este caso, la dimensión insular hace el reto más complejo que en otros lugares: importar, gestionar y eliminar materiales en territorios aislados y alejados de la Península implica costes y complicaciones logísticas que el plan busca abordar de forma estructural.
Para los residentes, los efectos concretos de estas políticas se medirán en los próximos años: menos tiempo perdido en los desplazamientos entre islas, conexiones más fiables entre aeropuertos, puertos y redes de autobuses urbanos y, a largo plazo, una menor dependencia de los combustibles fósiles para el transporte interno. Un objetivo ambicioso para un archipiélago que, cabe recordar, ya alcanzó por adelantado sus objetivos de energía sostenible: el reto ahora se traslada del sector energético a otro igual de decisivo, el de la movilidad cotidiana.
Queda por ver con qué rapidez los más de 3.200 millones de euros anunciados en conjunto entre fondos estatales e inversiones en infraestructura se traducen en obras concretas y en servicios realmente perceptibles para quienes cada día toman un ferry, un avión o un autobús para ir a trabajar.