El Plan de Acción de Economía Circular 2024-2026 de Canarias, impulsado por la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno regional, prevé alcanzar el 60% de ejecución al cierre de 2026, con el resto de medidas ya en fase de desarrollo. Un hito intermedio relevante para una estrategia que aspira a transformar el modelo económico del archipiélago haciéndolo más resiliente, más innovador y menos dependiente de la extracción continua de nuevos recursos.
Entre los logros ya alcanzados figuran la constitución de los órganos de gobernanza del plan, la creación de la Oficina Técnica de Economía Circular, el desarrollo de instrumentos de contratación pública circular —que permiten a la administración priorizar proveedores y productos de bajo impacto ambiental— y una serie de estudios técnicos y jurídicos especializados. En el terreno más operativo, avanzan iniciativas ligadas al ecodiseño de productos, a la valorización de residuos, a la gestión de biorresiduos (la fracción orgánica) e incluso al desarrollo de combustibles sostenibles para la aviación (SAF), un ámbito especialmente relevante para un archipiélago cuya conectividad aérea resulta vital para su economía turística.
El objetivo declarado por la Consejería no es solo ambiental: el plan busca explícitamente generar nuevas oportunidades empresariales vinculadas a la reutilización y el reciclaje de materiales, optimizar el uso de los recursos disponibles en un territorio insular —donde todo lo que no se produce localmente llega por mar— y reducir la cantidad de residuos generados, una cuestión especialmente urgente en islas con superficie limitada para vertederos. El trabajo de estos meses se apoya en la colaboración entre administraciones públicas, empresas y agentes sociales, y el equipo técnico responsable de la estrategia ya está definiendo en paralelo las líneas del periodo 2027-2029, señal de que la economía circular canaria se está consolidando como política estructural a largo plazo y no como una iniciativa puntual.
Para residentes y empresas, el plan se traduce en la práctica en nuevas normas para la contratación pública, oportunidades de financiación para proyectos de reutilización y reciclaje, y una gestión de los residuos orgánicos llamada a mejorar en los próximos meses. Queda por ver con qué rapidez estos cambios se traducirán en una reducción medible de los residuos generados por el archipiélago, pero alcanzar el 60% de ejecución a dos años del inicio del plan indica que, por ahora, el proceso avanza según lo previsto.