Un edificio de diez viviendas en Telde que decida instalar placas solares compartidas en el tejado puede obtener hoy hasta 20.000 euros de subvención pública. Una vivienda individual, hasta 4.000 euros. Son las cifras que ha puesto sobre la mesa el Cabildo de Gran Canaria para impulsar lo que el Gobierno regional llama, con cierto entusiasmo burocrático, "autoconsumo compartido": grupos de vecinos que se organizan para producir y consumir juntos su propia energía, reduciendo la factura y, en teoría, la dependencia de la red eléctrica insular.
El punto de partida no es de los más sólidos. En 2025, solo el 21% de la electricidad consumida en Canarias procedía de fuentes renovables: un 15% de eólica, un 5% de fotovoltaica, y el resto repartido entre hidroeólica y otras fuentes menores, según los datos más recientes disponibles sobre el sistema eléctrico del archipiélago. La potencia instalada para generación verde creció un 7,4% respecto a 2024, un avance real pero lejos de los objetivos que se ha marcado el Gobierno regional para final de década: duplicar la potencia renovable instalada y multiplicar por diez la penetración del autoconsumo respecto a los niveles actuales.
Para lograrlo, la Consejería de Transición Ecológica ha puesto en marcha varios canales de financiación. El programa Feder Canarias 2021-2027 cubre hasta el 50% del coste total de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo de hasta 100 kW, abierto a particulares, empresas, comunidades energéticas y administraciones públicas. A esto se suman convocatorias específicas de cada isla, como la del Cabildo de Gran Canaria, y un plan que el Gobierno regional pretende remitir a la Comisión Europea antes de que acabe el año para captar fondos adicionales.
Detrás de las cifras hay un problema estructural que Canarias comparte con pocos territorios europeos: ser un sistema eléctrico aislado, o más bien ocho sistemas aislados, uno por isla, incapaces de intercambiar energía entre sí como haría una red continental. Esto significa que cada isla debe, en cierta medida, bastarse a sí misma, y es una de las razones por las que las comunidades energéticas locales, capaces de producir y absorber energía a nivel de barrio o de un solo edificio, se ven como una solución especialmente adecuada al contexto insular, más que como una simple moda del momento.
No faltan los obstáculos prácticos. Las oficinas de asesoramiento sobre transición energética, como la que opera en Tenerife, señalan que gestionan miles de consultas al año sobre movilidad sostenible, eficiencia energética e implantación de renovables, un volumen que sugiere tanto interés creciente como, a menudo, complejidad burocrática para quien intenta acceder a las ayudas. Quedan también por resolver cuestiones técnicas nada triviales, desde la gestión del espacio común en las comunidades de vecinos hasta el reparto de costes entre quien tiene un tejado orientado al sur y quien no.
El asunto de la energía se entrelaza con otro más discutido: la gestión del agua y los residuos. El Informe de Sostenibilidad 2025 publicado por la Consejería de Turismo señala precisamente la baja penetración de las renovables y la gestión hídrica como dos de los principales nudos que resolver para un modelo de desarrollo del archipiélago menos dependiente de las importaciones de combustibles fósiles. Las comunidades energéticas, por sí solas, no resolverán el problema. Pero son, junto con la progresiva electrificación del transporte, una de las pocas herramientas concretas que los residentes pueden activar directamente, sin esperar a las grandes infraestructuras públicas.