Las Islas Canarias atraviesan una crisis hídrica que, de no ser contenida, podría convertirse en una emergencia estructural. El informe trimestral de la Agencia Canaria del Ambiente (ACA) de abril 2026 indica que las precipitaciones medias anuales han descendido un 19 % respecto a la media de los últimos treinta años, generando un déficit de casi 400 millones de metros cúbicos de agua respecto a la demanda prevista. Simultáneamente, el Instituto Canario de Estadística (ISTAC) registra un aumento del consumo doméstico del 12 % en 2025, impulsado por una población residente que creció un 7,5 % y un turismo que alcanzó los 18 millones de visitantes, según el Ministerio de Turismo.
Ante este panorama, el Gobierno regional aprobó en octubre 2025 el plan “Agua 2030”, que se sustenta en tres pilares: ampliación de la desalinización, racionalización del riego agrícola y fomento del reúso doméstico. El complejo de ósmosis inversa de Punta del Cero, recientemente ampliado a 120 000 m³/día —un 45 % más que en 2022— ha sido señalado por el Consejo de Gobierno como “pilar estratégico” para garantizar el suministro durante los meses más secos. Paralelamente, la Consejería de Agricultura ha puesto una cuota máxima de riego de 3 mm/día para los cultivos hortícolas y ha introducido una tarifa progresiva para el uso del agua en invernaderos, con descuentos a los agricultores que adopten sistemas de micro‑riego certificados por la Fundación Española de la Ciencia del Agua.
El programa de reúso “Casa Verde”, iniciado en 2023, ha financiado la instalación de 9 600 unidades de sistemas de recuperación de aguas grises en viviendas privadas; a finales de mayo 2026 el 68 % de los hogares en Tenerife y Gran Canaria ya participan, logrando una reducción media del 34 % del consumo de agua potable. La Autoridad de Gestión de los Recursos Hídricos (AIG) publicó en marzo 2026 un informe que confirma una disminución del 22 % del consumo de agua potable en las áreas urbanas más afectadas, gracias a estas medidas.
¿Qué escenarios se contemplan a corto plazo? Los especialistas del Centre for Water Research de Las Palmas, citados en una consulta parlamentaria de junio 2026, advierten que sin ampliar la capacidad desalinizadora, los acuíferos podrían caer al 30 % de su capacidad de recarga antes de la primavera de 2028. No obstante, el Ministerio para la Transición Ecológica anunció en junio 2026 una ayuda europea de 55 millones de euros para la construcción de dos nuevas plantas desalinizadoras en Lanzarote y La Graciosa, con puesta en marcha prevista para 2029. Si el proyecto se ejecuta a tiempo, las proyecciones de la ACA señalan una estabilización del nivel de reservas al 75 % de la capacidad actual, evitando los cortes de suministro que han sufrido otras regiones mediterráneas.
Mientras tanto, las autoridades refuerzan la comunicación con la ciudadanía. Desde enero, los canales locales difunden boletines diarios sobre consumo responsable y los ayuntamientos han introducido una “Tarifa Verde” con un 15 % de descuento para familias que limiten su gasto a 100 litros por persona al día. ONG como “Agua para Todos” han lanzado campañas en colegios, entregando kits para monitorizar el consumo doméstico.
En conclusión, la escasez de agua en Canarias ya no es un problema puntual, sino una cuestión estructural que requiere la colaboración de gobierno, sector agrícola, iniciativa privada y ciudadanos. Solo mediante la ampliación de la desalinización, la adopción generalizada de tecnologías de reúso y una gestión más eficiente del riego se podrá asegurar la seguridad hídrica del archipiélago en los próximos años.