Doscientos cincuenta y nueve. Es el número de expedientes que la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural ha abierto en Fuerteventura en lo que va de 2026, más del doble que en todo 2023. La cifra se presentó el 30 de septiembre en el Cabildo junto con el balance de una operación poco habitual.
El 15 de septiembre, técnicos de la Agencia, agentes de Medio Ambiente del Cabildo, el Seprona y las policías locales recorrieron a la vez el suelo rústico de La Oliva, Puerto del Rosario, Antigua y Tuineje. Hicieron 64 inspecciones con indicios de infracción. No son todavía 64 infracciones probadas: faltan las denuncias y la tramitación de cada caso.
La serie completa muestra la aceleración: 120 expedientes en 2023, 110 en 2024, 160 en 2025 y 259 en 2026. En total, 649. El consejero regional de Política Territorial, Manuel Miranda, explicó que la mayoría tiene que ver con la ocupación y transformación del suelo. Instalaciones, contenedores, explanaciones, vallados y casas prefabricadas suman el 35,7%. Las obras sin licencia y ampliaciones, el 30%. Vertidos, residuos y acopios, el 14,1%.
Por municipios, Puerto del Rosario, La Oliva y Tuineje concentran más del 85% de la actividad. Las imágenes de dron difundidas por Fuerteventura Digital muestran auténticos poblados de casetas cerca de Montaña Roja. El medio vincula el fenómeno a la crisis de acceso a la vivienda, sin que eso justifique la proliferación.
La directora de la Agencia, Montserrat Ortega, puso un matiz importante: de los 649 expedientes, 549 siguen en curso y 100 están archivados, pero archivar no significa que el problema haya desaparecido. A veces la Agencia no es competente y deriva el caso. También destacó los 26 restablecimientos voluntarios documentados desde 2023, quince de ellos en Puerto del Rosario.
La presidenta Lola García defendió sumar competencias porque "ninguna administración puede afrontar por sí sola" esta realidad. El comandante José Manuel Lebrón Moreno, de la Guardia Civil, puso la operación del día 15 como ejemplo de esa coordinación.
Queda la pregunta incómoda. Si la presión sobre la vivienda empuja a parte de la población hacia el campo, ¿bastará con inspeccionar más? Las instituciones pidieron colaboración ciudadana. El siguiente dato relevante será cuántas de esas 64 inspecciones acaban en sanción y cuántas en restablecimiento.