Nuevas reglas para un turismo más sostenible y regulado

Las Islas Canarias, uno de los pilares fundamentales del turismo en España, están liderando una transformación crucial en la forma de gestionar y regular el sector turístico. La reciente aprobación de la Ley de Municipios Turísticos, junto con la implementación de un sistema nacional de registro para el control de los flujos turísticos y nuevas normativas enfocadas en el alquiler vacacional, refleja un esfuerzo coordinado para abordar las complejas dinámicas del turismo moderno, equilibrando el desarrollo económico con la sostenibilidad y la calidad de vida de los residentes.

La Ley de Municipios Turísticos, aprobada por el Parlamento de Canarias, establece un marco normativo específico para las localidades con alta afluencia de visitantes. Esta legislación define criterios claros y técnicos para que un municipio pueda ser designado como "turístico". Entre estos requisitos destacan: una población turística anual al menos cinco veces superior a la población residente, una capacidad alojativa mínima de 4.000 plazas registradas oficialmente, y que al menos el 10% de los alojamientos pertenezcan a la categoría de lujo (cinco estrellas o equivalente). Estas condiciones buscan garantizar que solo los municipios con una dependencia económica significativa del turismo puedan acogerse a esta categoría, permitiendo una regulación precisa y adaptada a sus necesidades.

La ley también introduce flexibilidad para las "islas verdes" – La Palma, La Gomera y El Hierro –, donde el flujo turístico es más reducido pero igualmente crucial para su economía. En estos casos, los municipios solo deben cumplir uno de los requisitos principales y presentar un informe que demuestre la importancia del turismo en su tejido económico. Además, se contempla la posibilidad de adaptar los servicios públicos, como la gestión de residuos, la seguridad y el transporte, a la presión específica que ejerce la población flotante de turistas. Según Astrid Pérez, presidenta del Parlamento de Canarias, esta ley no solo busca reforzar la competitividad de las Islas Canarias como destino de calidad, sino que también es un ejemplo de colaboración entre administraciones y sectores públicos, orientado a preservar el equilibrio entre el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental.

A nivel nacional, el gobierno español ha implementado el sistema SES.HOSPEDAJES, que desde el 1 de octubre de 2024 exige a todos los alojamientos turísticos – incluidos los dedicados al alquiler vacacional – registrar y enviar digitalmente información sobre los huéspedes. Este sistema tiene como objetivo centralizar los datos relativos a los flujos turísticos para mejorar la seguridad, prevenir actividades ilícitas y proporcionar a las autoridades herramientas estadísticas para la planificación de políticas más eficaces. Los datos que deben recopilarse incluyen nombre completo, documento de identidad, nacionalidad y las fechas de entrada y salida. Esta medida busca garantizar una mayor transparencia en el sector, especialmente en el ámbito del alquiler vacacional, que ha crecido exponencialmente en los últimos años.

Sin embargo, la implementación de este registro ha generado algunas preocupaciones entre los pequeños operadores del sector turístico, en particular aquellos que gestionan propiedades dedicadas al alquiler vacacional. Muchos temen que la digitalización obligatoria y los nuevos procesos administrativos supongan una carga adicional en términos de tiempo y costes. Para paliar estos problemas, el gobierno ha lanzado una plataforma intuitiva, acompañado de campañas de formación para facilitar su uso. Además, se ha previsto un periodo de adaptación inicial para que los operadores puedan ajustarse al sistema sin enfrentarse a sanciones inmediatas.

En el contexto del alquiler vacacional, el gobierno español también ha introducido nuevas normativas destinadas a regular el mercado y reducir su impacto en el tejido urbano y el acceso a la vivienda para los residentes locales. Las plataformas digitales como Airbnb ahora están obligadas a verificar que las propiedades anunciadas cuenten con licencias turísticas válidas. Este enfoque busca frenar la proliferación de alojamientos irregulares y garantizar que las propiedades utilizadas para el alquiler vacacional operen dentro del marco legal. Asimismo, se otorga mayor autonomía a los ayuntamientos para regular el sector según las necesidades locales, incluyendo la posibilidad de limitar el número de licencias emitidas en áreas con alta presión turística. Municipios como Barcelona y Madrid ya han comenzado a aplicar restricciones en zonas específicas para proteger a los residentes de los efectos negativos del turismo masivo.

Airbnb ha reaccionado expresando su preocupación por estas medidas, señalando que podrían tener un impacto desproporcionado en los pequeños propietarios que dependen del alquiler vacacional como fuente de ingresos adicionales. Según la plataforma, la experiencia en otros países ha demostrado que regulaciones estrictas pueden llevar a un aumento de los precios de la vivienda y a una contracción en la oferta disponible. Sin embargo, el gobierno defiende que estas normativas son esenciales para equilibrar los intereses del sector turístico con las necesidades de las comunidades locales.