El cambio climático no es solo un desafío ambiental, sino también un multiplicador de tensiones sociales y políticas. En muchas regiones del mundo, la escasez de recursos naturales como el agua, la tierra fértil o las fuentes energéticas agudiza rivalidades ya existentes y puede alimentar nuevos conflictos, sobre todo allí donde las instituciones son frágiles o incapaces de gestionar la presión ambiental.
Numerosos estudios internacionales han demostrado que el vínculo entre crisis climática y conflicto no es lineal, sino que depende de factores sociales, institucionales y políticos. Sin embargo, en contextos caracterizados por pobreza y fragilidad institucional, los eventos climáticos extremos, como sequías prolongadas, olas de calor o inundaciones, aumentan el riesgo de tensiones y migraciones forzadas. Según un informe del Banco Mundial, para 2050 más de 140 millones de personas podrían verse obligadas a desplazarse internamente a causa de los impactos del clima, en particular en África subsahariana, Asia meridional y América Latina.
La migración puede representar una forma de adaptación, ya que permite a las personas desplazarse hacia áreas menos expuestas y reconstruir un equilibrio socioeconómico. Sin embargo, cuando los flujos migratorios son repentinos, masivos o mal gestionados, pueden generar tensiones con las comunidades de acogida, acentuando la competencia por el acceso a recursos, trabajo y servicios. Este riesgo es particularmente alto en contextos donde la gobernanza es débil y la distribución de los recursos es desigual.
En muchos conflictos contemporáneos, como en Yemen o en Darfur, las crisis ambientales se han entrelazado con factores políticos y sociales, demostrando que el clima por sí solo no causa la guerra, pero puede funcionar como catalizador. El resultado final depende de la capacidad de las instituciones de responder de modo equitativo e inclusivo. Gobiernos reactivos y sistemas de gestión sostenible de los recursos pueden transformar la presión climática en cooperación, mientras que aquellos ineficaces corren el riesgo de amplificar la violencia.
Un papel central corresponde al derecho y a la cooperación internacional. Italia, en este sentido, se ha distinguido como país innovador: ya desde 1998 ha introducido formas de protección para quienes migran a causa de factores ambientales. Algunos tribunales incluso han reconocido el estatus de protección humanitaria por motivaciones climáticas, un paso importante que une sensibilidad ambiental y tutela de los derechos humanos.
Para romper el círculo vicioso entre degradación climática y conflicto, se necesita por tanto un enfoque integrado que una adaptación local, justicia climática y solidaridad internacional. No se trata solo de contener las crisis, sino de construir comunidades más resilientes, donde la movilidad humana no sea vista como una amenaza, sino como parte de una estrategia de supervivencia y renovación.