El Acuerdo de París de 2015 sigue siendo el marco central de la cooperación internacional sobre el clima, porque fijó un objetivo compartido y medible: mantener el aumento de las temperaturas muy por debajo de los 2°C e intentar limitar el calentamiento a 1,5°C. El punto decisivo, sin embargo, es que el acuerdo no "funciona solo": se sustenta en contribuciones nacionales (NDC) que cada país actualiza con el tiempo, y la diferencia entre promesas y resultados depende de la política interna, las inversiones y la capacidad de transformar los sistemas energéticos, industriales y agrícolas.
En el plano científico, el IPCC es muy claro: para mantenerse de forma creíble en la trayectoria de 1,5°C, las emisiones globales deben alcanzar su pico muy pronto y disminuir rápidamente; en las comunicaciones oficiales del AR6 se habla de una reducción de aproximadamente el 43% para 2030 respecto a 2019. Este dato es importante porque desplaza la cuestión del "si" al "cuánto y con qué rapidez", dejando en evidencia que los pequeños ajustes no son suficientes.
Cuando se pasa de la ciencia a la realidad de las políticas, emerge la brecha. El PNUMA, en su Informe de Brecha de Emisiones 2024, estima que la continuación de las políticas actualmente en vigor llevaría a un calentamiento máximo de alrededor de 3,1°C para el año 2100 (con un amplio margen de incertidumbre), mientras que la implementación completa de los NDC reduciría las estimaciones, pero tampoco garantizaría automáticamente los 1,5°C. En otras palabras, el problema no es solo "firmar" objetivos, sino hacerlos coherentes con la velocidad del recorte requerido.
Un caso real que ayuda a entender la complejidad es la COP28 de Dubái (2023). En el texto final, el "Consenso de los EAU", aparece por primera vez una referencia explícita a la necesidad de una transición que se aleje de los combustibles fósiles en los sistemas energéticos. Es un avance político relevante, porque cambia el lenguaje oficial y crea una nueva presión diplomática, pero no equivale a plazos vinculantes de eliminación progresiva. Esto explica por qué se puede hablar de un giro "histórico" y, al mismo tiempo, reconocer que la eficacia dependerá de las leyes nacionales y las inversiones de los próximos años.
En Europa, la UE ha traducido la dirección política en un objetivo jurídicamente vinculante: reducción de las emisiones netas de al menos el 55% para 2030 respecto a 1990, con neutralidad climática en 2050. Aquí el caso concreto no es solo el objetivo, sino el hecho de que la UE construye un entramado de normas, instrumentos y mercados (como el ETS y los paquetes legislativos) para movilizar capitales y tecnologías. Sin embargo, incluso en Europa la trayectoria no es lineal: por ejemplo, los datos y análisis nacionales muestran lo difícil que es descarbonizar edificios y transporte a la velocidad necesaria, y cómo basta una temporada fría o un retraso en las renovaciones para ralentizar el descenso de las emisiones.
Por último, está la dimensión de la "justicia y el desarrollo", que a menudo determina la sostenibilidad política del Acuerdo de París. La financiación climática y la capacidad de adaptación de los países más vulnerables siguen siendo un punto de tensión, porque los impactos ya están en marcha y no todos parten de la misma base industrial y tecnológica. Es aquí donde la gobernanza climática se juega de verdad: en la credibilidad de los recursos, el acceso a las tecnologías y la capacidad de evitar que la transición se convierta en una fractura social.