Una decisión histórica del Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha reabierto el debate global sobre la política comercial americana. Con un veredicto 6-3, emitido el 20 de febrero de 2026 en el caso Learning Resources Inc. v. Trump, el Tribunal estableció que el presidente no tenía autoridad legal para imponer aranceles de tan amplio alcance recurriendo a la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), una ley de 1977 concebida para emergencias nacionales y no para intervenciones estructurales en el comercio.
La sentencia desmanteló la principal base jurídica de la estrategia arancelaria de la administración Trump. La reacción política fue inmediata: primero un decreto ejecutivo que introducía aranceles del 10% sobre todas las importaciones globales, luego el anuncio, al día siguiente, de una subida al 15%. Esta vez el fundamento legal es la Sección 122 del Trade Act de 1974, que permite al presidente aplicar aranceles temporales de hasta el 15% en caso de desequilibrios en la balanza de pagos. Sin la aprobación del Congreso, sin embargo, las tarifas caducan a los 150 días.
Los mercados financieros reaccionaron con fuerte volatilidad. El Dow Jones Industrial Average perdió 821,91 puntos (-1,66%), cerrando en 48.804,06. El rendimiento del Treasury a diez años cayó, mientras el oro continuó cotizando en torno a los 5.150 dólares la onza. En el plano geopolítico, la Unión Europea suspendió la votación sobre la ratificación del acuerdo comercial con Washington, mientras Japón solicitó garantías formales sobre el tratamiento arancelario.
En el frente legal, más de mil empresas importadoras han iniciado recursos para obtener el reembolso de los aranceles pagados bajo el régimen IEEPA, por un importe estimado de más de 133 mil millones de dólares recaudados por el Tesoro estadounidense hasta diciembre de 2025. Según analistas legales citados por Reuters, los procedimientos de reembolso podrían llevar años, perjudicando especialmente a las pequeñas empresas.