La paradoja canaria: primera en crecimiento, última en bienestar
Las Islas Canarias lideran el ranking de crecimiento económico regional en España. En 2025, según las estimaciones de AIReF —la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal— el PIB del archipiélago crece a un ritmo de entre el 3,8% y el 4%, el más alto de todas las comunidades autónomas españolas. Sin embargo, ese mismo año, el informe Arope sobre la pobreza en España retrata una realidad opuesta: Canarias registra una de las tasas más altas de riesgo de exclusión social de todo el país, con aproximadamente un tercio de la población en situación de vulnerabilidad económica.
Esta es la paradoja canaria. Un archipiélago que crece más que todos pero redistribuye menos que todos. El PIB per cápita de las Islas Canarias se sitúa en torno a los 24.900 euros, entre los más bajos de las regiones españolas, apenas por encima de Andalucía y Extremadura. El salario medio es de 1.600 euros al mes, entre los más bajos del país, en una economía en la que el turismo —sector que emplea a cuatro de cada diez trabajadores— sigue generando un valor añadido modesto para quienes trabajan en él y extraordinario para quienes lo poseen.
El presupuesto 2026 y la apuesta por la diversificación
El Gobierno regional ha aprobado para 2026 un presupuesto de 12.490 millones de euros, un 7% más que el año anterior. Las previsiones macroeconómicas en las que se sustenta apuntan, sin embargo, a un crecimiento del PIB de solo el 1,9% para el año en curso —una desaceleración notable respecto a los ritmos del bienio anterior. El dato refleja la progresiva cesación de los fondos europeos del Plan Next Generation EU, de los que Canarias ha ejecutado menos de la mitad de los recursos asignados, con un nivel de ejecución por debajo del 50% según datos del Tesoro español.
Los sindicatos han acogido favorablemente el presupuesto, señalando no obstante carencias estructurales en educación —el gasto público todavía no alcanza el 5% del PIB previsto por la ley regional— y reiterando la necesidad de mejorar la distribución de la riqueza. No es una crítica minoritaria: es el retrato de un sistema que produce cifras brillantes en conjunto y deja sin resolver las desigualdades que esas cifras ocultan.
La Zona Especial Canaria: ¿ventaja competitiva o incentivo a la especulación?
El régimen fiscal de las Islas Canarias —el REF Canarias— está reconocido por la Unión Europea como instrumento de compensación por la distancia geográfica del archipiélago. En su seno, la Zona Especial Canaria (ZEC) permite a las empresas registradas pagar un impuesto de sociedades del 4%, frente a una media europea que supera el 20%. El Gobierno regional creó en 2025 un Comisario REF para promover su conocimiento en las escuelas, las universidades y en el extranjero.
El resultado es un flujo récord de 193.000 millones de euros de inversión extranjera —pero las propias autoridades reconocen el problema: la gran mayoría se concentra en el sector inmobiliario. El Gobierno aspira a un reequilibrio hacia inversiones productivas, orientadas a la innovación y la internacionalización, que en 2024 incrementaron las exportaciones regionales en unos 538 millones de euros. El archipiélago es la región española con mayor tasa de ahorro per cápita y un superávit presupuestario de 538 millones de euros: el capital existe. El nudo está en hacia dónde va.
ZEC: requisitos, límites y por qué la fiscalidad favorable por sí sola no es suficiente
Para acceder a la Zona Especial Canaria las empresas deben tener domicilio social y operativo en las islas, crear al menos tres puestos de trabajo en los dos primeros años y cumplir una inversión mínima. El régimen está aprobado por la UE y no figura en la lista negra de paraísos fiscales de la OCDE —una distinción que las autoridades locales se esfuerzan en subrayar. El problema estructural, como señalan los economistas, es que la fiscalidad favorable por sí sola no basta: sin una inversión paralela en formación, infraestructuras digitales y calidad de los servicios públicos, el riesgo es atraer capitales que no se quedan y empleos que no crecen.
El nudo inmobiliario: 193.000 millones de inversión y 46 personas por un apartamento
Ante un flujo de inversiones en Canarias sin precedentes, la realidad sobre el terreno cuenta otra historia. En Las Palmas de Gran Canaria y en muchas ciudades del archipiélago, hasta 46 personas compiten por el mismo piso de alquiler. El Gobierno regional ha destinado 18 millones de euros para adquirir 150 viviendas destinadas al alquiler social —una respuesta que los movimientos ciudadanos califican de insuficiente ante la magnitud del problema. La economía canaria necesita viviendas, no hoteles: pero en el mercado inmobiliario del archipiélago, construir para residentes es mucho menos rentable que construir para turistas.