En mayo de 2026 las Islas Canarias han vivido un aumento extraordinario de nómadas digitales, una tendencia que ya se percibe como un fenómeno socio‑económico consolidado. Los datos publicados por el Instituto Canario de Estadística (ISTAC) indican que los permisos de residencia “Remote Worker” otorgados a ciudadanos extracomunitarios alcanzaron los 9 200, frente a los 5 100 del mismo periodo de 2025, lo que representa un crecimiento del 80 por ciento en tan solo un año. Al mismo tiempo, la plataforma “Canary Digital Hub”, gestionada por el Consejo Insular de Turismo (CIT), registra un alza del 45 por ciento en las solicitudes de espacios de coworking vinculados a viviendas, señal de una sinergia cada vez mayor entre la vida domiciliaria y los entornos de trabajo compartido.
Tres factores impulsan este auge. Primero, la reciente reforma de la normativa del “Visado Digital”, aprobada por el Parlamento de Canarias el 14 de febrero 2026, elevó el umbral de ingresos anuales mínimos de 30 000 a 45 000 euros, atrayendo a profesionales con salarios medios‑altos. Segundo, la publicación de un informe conjunto entre el Ministerio de Innovación español y la Comisión Europea (informe “EU‑Canary Remote Work 2026”) subraya la calidad de la conectividad de banda ancha del archipiélago, con una cobertura media del 97 por ciento en FTTH a velocidades superiores a 500 Mbit/s. Tercero, las campañas de marketing territorial impulsadas por el Consejo Insular de Tenerife, apoyadas por influencers internacionales, han puesto de relieve el clima templado, la biodiversidad y el coste de vida relativamente bajo, generando una demanda sostenida a medio plazo.
El impacto en el mercado inmobiliario es inmediato. El ISTAC, cruzando los datos de demanda de alquiler con el registro de licencias de corta estancia, muestra que el alquiler medio mensual de un apartamento de una habitación en Santa Cruz de Tenerife ha pasado de 1 080 euros a 1 320 euros (+22 por ciento) entre abril y mayo 2026. En Gran Canaria el incremento es algo menor (+18 por ciento), pero igualmente notable: de 950 euros a 1 120 euros. Este ritmo supera ampliamente el aumento medio nacional (±6 por ciento) anunciado por el Ministerio de Hacienda español en su “Índice de precios de alquiler 2026”.
Para mitigar los efectos sociales, las autoridades locales ya han puesto en marcha medidas concretas. El Consejo Insular de Las Palmas lanzó a finales de abril el programa “Housing for Residents”, financiado con 12 millones de euros procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y destinado a incrementar la oferta de viviendas a precios asequibles para residentes de larga duración. El proyecto contempla la reconversión de 1 500 unidades inmobiliarias, actualmente destinadas al alquiler turístico, en alquileres regulados con un techo de 800 euros al mes. Simultáneamente, el CIT ha firmado convenios con las principales plataformas de alquiler a corto plazo para introducir una cuota “residencia estable” que obligue a los propietarios a reservar al menos el 30 por ciento de su disponibilidad para residentes permanentes.
Según la encuesta “Nomad Survey Europe 2026”, encargada por Eurostat, el 68 por ciento de los nómadas digitales que elige Canarias tiene la intención de permanecer más de tres meses, y el 42 por ciento prevé quedarse más de un año. La principal motivación sigue siendo la calidad de la red de internet (73 por ciento), seguida por el coste de vida (61 por ciento) y el régimen fiscal favorable para autónomos (58 por ciento). Estos datos confirman que Canarias ya no se percibe únicamente como un destino estacional, sino como un hub para el trabajo remoto de medio‑largo plazo.
En conclusión, la oleada de nómadas digitales de mayo 2026 está transformando el panorama habitacional de las Islas Canarias. Si bien la entrada de capital y la demanda de servicios de alta tecnología impulsan el desarrollo, la presión sobre los alquileres demanda acciones dirigidas a mantener la accesibilidad para la población local. Los próximos meses serán críticos para valorar la efectividad de los planes de vivienda pública y posibles revisiones normativas que, a largo plazo, definirán el nuevo equilibrio entre turismo, trabajo remoto y vida residente.