En 2026 el flujo de profesionales digitales hacia el archipiélago ha alcanzado cifras sin precedentes, consolidando a las Islas Canarias como uno de los principales polos europeos de trabajo remoto. El último informe trimestral del Instituto Canario de Estadística (ISTAC), publicado en marzo 2026, indica que de aproximadamente 14 300 nómadas digitales registrados en el régimen “Non‑habitual resident” (NHR), el 45 % ha fijado su residencia en Tenerife, el 30 % en Gran Canaria, el 15 % en Lanzarote y el 10 % restante en Fuerteventura y La Graciosa. Estas proporciones están respaldadas por los datos de entrada del Ministerio de Turismo, que ha constatado un aumento del 22 % en las reservas de alojamientos a largo plazo en Tenerife respecto a 2022, mientras Gran Canaria mostró un salto del 18 % en el mismo periodo.
Las causas de esta distribución no son aleatorias. Tenerife se beneficia de una red de fibra óptica ultra‑rápida, finalizada en 2024 con el proyecto “Fiber Canarias”, que ha llevado velocidades medias de 250 Mbps al 85 % del territorio, según el comunicado del Ministerio de Economía. Gran Canaria, por su parte, ha invertido en políticas de coworking: en 2025 la Región inauguró cinco nuevos “hub digitales” financiados con 45 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), ofreciendo espacios equipados, servicios de mentoring y ventajas fiscales para startups. Lanzarote, aunque con una red más limitada, ha apostado por la calidad de vida con su programa “Eco‑Work”, que garantiza tarifas eléctricas un 30 % más bajas para las empresas del sector digital, según el plan aprobado por el Consejo Insular en diciembre 2025.
El impacto económico de esta concentración es evidente. El Banco de España, en su informe semestral de 2026, estimó que los flujos de dinero generados por los profesionales digitales aportaron un superávit comercial de 820 millones de euros en 2025, de los cuales el 55 % corresponde a Tenerife y el 30 % a Gran Canaria. Los sectores que más se benefician son la restauración (incremento del 27 % de ingresos respecto a 2022), el turismo de nicho (crecimiento del 19 % en ofertas de “work‑cations”) y el mercado inmobiliario, donde la demanda de alquileres a medio plazo creció un 38 % en Tenerife y un 31 % en Gran Canaria, elevando los alquileres medios de 560 a 770 euros al mes.
Sin embargo, esas cifras ocultan tensiones sociales. La Asociación Canaria de Inquilinos (ACI) publicó en mayo 2026 una denuncia según la cual el aumento de los precios de los alquileres ha reducido la capacidad de gasto de las familias de bajos ingresos, que ahora destinan el 44 % de sus ingresos disponibles a la vivienda, frente al 31 % de hace cinco años. El Consejo de las Islas respondió con una propuesta de “tax‑cap” sobre los alquileres breves, limitando el incremento anual al 5 % en las zonas más turísticas, aunque la medida sigue en fase de debate parlamentario.
De cara al futuro, los expertos de la Universidad de La Laguna visualizan tres escenarios posibles. En el caso optimista, Tenerife y Gran Canaria consolidarán su liderazgo digital, atrayendo más inversión extranjera, con un crecimiento anual del PIB regional del 2,8 % hasta 2030 y la creación de 7 500 nuevos puestos de trabajo cualificados. En el caso intermedio, las políticas de contención de alquileres frenarán la migración de profesionales, manteniendo estable el nivel de gasto pero limitando la expansión de la oferta de coworking. Finalmente, en el escenario de “estancamiento”, la falta de coordinación entre autoridades puede conducir a la dispersión de nómadas hacia otras destinaciones mediterráneas, con una pérdida estimada de 150 millones de euros anuales en ingresos fiscales para 2029.
En conclusión, Tenerife y Gran Canaria se presentan como los polos más atractivos para los profesionales digitales gracias a infraestructuras avanzadas, incentivos fiscales y una oferta vibrante de espacios colaborativos. Su porvenir dependerá de la capacidad institucional para equilibrar el crecimiento económico con la sostenibilidad habitacional, evitando que el éxito digital se traduzca en una crisis de coste de vida para la población residente.