El aumento de profesionales que trabajan a distancia está modificando de forma profunda la economía de las Islas Canarias. El informe trimestral del Instituto Canario de Estadística (ISTAC) publicado en febrero 2026 acredita 13 800 remote workers inscritos en el régimen “Non‑habitual resident”, lo que supone un crecimiento del 37 % respecto a 2022. Estos nuevos residentes inyectan más de 1,2 mil millones de euros al año, aunque su presencia también genera presiones en sectores tradicionales.
¿Quién gana? Los datos del Ministerio de Turismo indican que el gasto medio semanal de un remote worker asciende a 1 250 euros, casi el doble que el de un turista convencional. Esa capacidad de consumo impulsa la restauración (un aumento del 28 % de los ingresos entre abril 2024 y marzo 2026, según el ISTAC), el mercado inmobiliario de medio plazo (los alquileres medianos pasaron de 560 a 770 euros al mes) y los servicios de coworking, que han multiplicado sus sedes de 12 en 2022 a 27 en 2025, con una inversión total de 95 millones de euros financiada en parte por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Las empresas tecnológicas emergentes, especialmente en inteligencia artificial, ciberseguridad y desarrollo de software, se han beneficiado del acceso a talento altamente cualificado; la Asociación Española de Start‑up (ASO) señala que el valor total de las rondas de financiación para start‑ups canarias subió de 340 millones de euros en 2022 a 520 millones en 2025.
¿Quién pierde? El boom inmobiliario ha desencadenado una crisis de costes para los residentes de larga data. La Autoridad de Gestión de Recursos Habitacionales (AGRA) indica que, entre 2022 y 2025, el coste medio del alquiler para familias de bajos ingresos aumentó un 32 %, reduciendo la parte del ingreso disponible dedicada a la vivienda del 31 % al 44 %. Los pequeños comercios locales, como tiendas de alimentación y artesanos, han registrado una caída de ventas del 9 % en el mismo periodo, ya que los consumidores con mayor poder adquisitivo prefieren cadenas de supermercados y restaurantes de gama media‑alta. Asimismo, el sector agrícola está perdiendo tierras: las autoridades agrarias advierten que el 15 % de los terrenos agrícolas de Gran Canaria ha sido convertido en instalaciones para alquileres breves o complejos residenciales destinados a remote workers.
¿Qué futuro se dibuja? Los economistas del Centro de Investigación Económica de La Laguna, citados en una audiencia parlamentaria en junio 2026, describen tres posibles evoluciones.
Escenario optimista: las políticas de control de alquileres (un techo del 5 % anual aprobado a finales de 2025) y la expansión de micro‑viviendas asequibles (2 000 unidades previstas para 2028, financiadas con fondos UE) permitirían mantener la ventaja competitiva de Canarias para los remote workers, generando un incremento medio anual del 2,6 % del PIB regional y creando 10 000 nuevos puestos de trabajo cualificados para 2031.
Escenario prudente: si la presión sobre la vivienda no se alivia, el coste de vida podría crecer un 12 % para 2029, empujando a parte de los profesionales hacia destinos más económicos (Malta, Madeira). El resultado sería un crecimiento más moderado del 1,1 % anual del PIB y una pérdida aproximada de 200 millones de euros de inversión privada.
Escenario de estancamiento: la falta de un marco normativo coherente, combinada con un crecimiento descontrolado de los precios inmobiliarios, podría provocar una fuga de capital humano y una reducción del 15 % de las nuevas start‑up para 2028, con repercusiones negativas en el mercado laboral y en los presupuestos municipales.
En conclusión, los remote workers constituyen una fuente de riqueza inmediata para el sector servicios, el mercado inmobiliario de medio plazo y el ecosistema tecnológico de las Islas Canarias. No obstante, sin medidas de mitigación de los costes de vivienda y de protección de la agricultura local, la misma dinámica corre el riesgo de concentrar los beneficios en pocos sectores, dejando rezagadas a las familias de ingresos medio‑bajo y a las micro‑empresas tradicionales. El equilibrio entre crecimiento económico y cohesión social dependerá de la capacidad de las instituciones para traducir las intenciones de política pública en acciones concretas en los próximos meses.