En junio 2026 la transición energética de Canarias ha dejado de ser una aspiración para convertirse en una realidad cuantificable, según los últimos informes publicados por la Agencia Estatal de Energía (IDAE) y el Instituto Canario de Estadística (ISTAC). El estudio “Renewable Power Outlook 2025‑2030” de la IDAE, difundido en marzo, indica que la proporción de energía proveniente de fuentes renovables ha pasado del 38 % en 2022 al 55 % en 2025, gracias a un aumento de + 820 MW de capacidad instalada. De esa energía, el 62 % corresponde a parques solares fotovoltaicos, el 27 % a instalaciones eólicas offshore y el 11 % a plantas de biomasa de ciclo cerrado, principalmente en las áreas rurales de Gran Canaria y Fuerteventura.
El programa “Canary Green Energy 2030”, aprobado por el Consejo Insular en enero 2026 y financiado con €1,2 mil millones provenientes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y del programa Horizon Europe, impulsa la construcción de 1 500 MW de nueva capacidad solar antes de 2030, la conversión de 300 MW de plantas de combustibles fósiles en turbinas de gas de alta eficiencia con ciclo combinado y la instalación de 350 MW de sistemas de almacenamiento baterías distribuidos, destinados a estabilizar la red en momentos de baja generación eólica. El Ministerio para la Transición Ecológica, en su comunicado del 12 de abril 2026, subraya que el 70 % de la energía producida en los meses de verano será ahora cubierta por renovables, reduciendo la dependencia de importaciones de gas natural en aproximadamente 250 millones de euros al año.
Los efectos se perciben de inmediato en la facturación de los hogares. El Organismo Canario de Regulación del Mercado (CERGY) publicó en febrero los nuevos indicadores: el precio medio de la electricidad para los consumidores domésticos ha caído un 15 % respecto a 2023, pasando de 0,21 €/kWh a 0,18 €/kWh, gracias al mix más limpio y a los mecanismos de precios establecidos por la “tarifa verde” introducida en 2025. El sector turístico también ha visto una reducción de costes operativos; el informe de la Asociación Hotelera de Canarias (ACH) muestra que el 23 % de los resorts ha disminuido sus gastos energéticos en un 19 % durante el año anterior, manteniendo tarifas competitivas pese a la inflación global.
Los beneficios ambientales son evidentes. El Parque Nacional de Timanfaya registró, en 2025, una reducción de emisiones de CO₂ equivalente a 1,1 millones de toneladas respecto a la media de la última década, como consecuencia de la disminución del tráfico de buques a carbón y de la menor dependencia de centrales termoeléctricas. El Instituto de Investigación Climática de la Universidad de La Laguna, en su estudio “Carbon Budget of the Archipelago” (edición 2025), estima que, si se mantiene el ritmo actual, Canarias podría alcanzar la neutralidad de carbono para 2042, con un margen de ± 3 años.
No obstante, la transición plantea retos. El mercado laboral ha exigido una reconversión profesional: la Asociación de Trabajadores de la Energía (ATE) informa que, entre 2024 y 2025, el 12 % de los puestos de trabajo en la zona portuaria se ha trasladado a actividades de mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas y de sistemas de almacenamiento, requiriendo programas de reciclaje. El Consejo Insular ha respondido con el proyecto “Green Skills 2026‑2029”, financiado con €75 millones de fondos estructurales, para formar a 8 000 profesionales en la instalación y gestión de instalaciones renovables.
De cara al futuro, los expertos del Centro de Investigación Energética de La Laguna, citados en la sesión parlamentaria de junio 2026, describen tres escenarios plausibles. En el caso optimista, la expansión adicional de 2 000 MW de capacidad eólica offshore y la completa digitalización de la red inteligente (smart grid) reducirían las pérdidas de transmisión en un 30 % para 2032, permitiendo que el 65 % de la demanda eléctrica se cubra con fuentes renovables y generando 12 000 nuevos empleos altamente cualificados. En el escenario intermedio, un ritmo de crecimiento moderado (1 200 MW para 2030) llevaría la cuota renovable al 58 % y a una reducción total de emisiones de CO₂ del 22 % para 2032, manteniendo estable el precio de la electricidad para las familias. En el escenario de “estancamiento”, la escasez de financiación europea y los retrasos en la modernización de la red podrían limitar la capacidad instalada a 1 300 MW para 2029, manteniendo la dependencia de combustibles fósiles en un 35 % y provocando un aumento de costos de importación de gas de ≈ €180 millones anuales.
El crecimiento de las energías renovables en Canarias está remodelando su panorama energético, medioambiental y económico. La ejecución de los planes de inversión, la formación de una fuerza laboral especializada y la capacidad de integrar fuentes intermitentes en la red serán los factores decisivos para consolidar un desarrollo sostenible y situar a Canarias como modelo europeo de transición energética.