Un piso de 70 metros cuadrados que hace un año costaba unos 1.000 euros al mes hoy, en muchas zonas de Canarias, roza los 1.090 euros. No es un caso aislado: según los últimos datos del portal Idealista, el alquiler medio en el archipiélago ha subido un 8,8% en un año, alcanzando los 15,6 euros por metro cuadrado, un nuevo máximo histórico que sitúa a Canarias en el tercer puesto de España en encarecimiento, solo por detrás de Baleares y la Comunitat Valenciana.
¿Quién paga esa diferencia? Casi siempre el inquilino, en un territorio donde el salario medio sigue por debajo de la media nacional. Pero la pregunta que se hacen cada vez más residentes, responsables municipales y asociaciones por el derecho a la vivienda es otra: ¿cuánto pesa en esta ecuación la llegada creciente de nómadas digitales y teletrabajadores atraídos por el clima, la fiscalidad ventajosa y la calidad de vida de las islas?
Los expertos del sector señalan tres factores entrelazados detrás de la subida de precios. El primero es estructural: un parque de vivienda pública raquítico y una obra nueva que no sigue el ritmo de la demanda. El segundo es la presión turística: la vivienda vacacional se ha comido porciones enteras del mercado residencial en varias zonas, hasta el punto de que en junio de 2026 el 44,9% de la oferta de alquiler publicada en el archipiélago era "temporal", una fórmula que a menudo esquiva las protecciones previstas para los contratos de larga duración. La nueva Ley 6/2025 de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas fija ahora un techo del 10% de viviendas de uso vacacional (20% en las "islas verdes" como La Palma, La Gomera y El Hierro) y una moratoria de diez años para las nuevas licencias turísticas, pero los efectos reales sobre los precios tardarán meses, si no años, en notarse.
El tercer factor es precisamente la demanda "extrarresidente": inversores, compradores de fuera y, en efecto, nómadas digitales, un colectivo que desde 2023 cuenta con un visado específico creado por la Ley 28/2022 de Startups. En 2026 el requisito de ingresos para obtenerlo es de 2.849 euros mensuales (el 200% del salario mínimo español, fijado en 1.221 euros), con una validez de uno o tres años, renovable hasta un máximo de cinco. El clima de primavera eterna y un IGIC reducido al 7% convierten a Canarias en uno de los destinos más codiciados de Europa para quienes trabajan en remoto, pero esa misma atracción se suma, según diversos análisis de mercado, a la presión sobre las rentas en las zonas costeras más demandadas.
Existen contramedidas públicas: el Gobierno de Canarias ha destinado para 2026 un presupuesto récord de 197,5 millones de euros al Instituto Canario de la Vivienda y ha activado el Bono Alquiler Joven, de hasta 250 euros mensuales durante un máximo de dos años (6.000 euros totales por beneficiario). Pero se trata, admiten los propios analistas, de medidas que amortiguan el golpe sin resolver el desequilibrio de fondo entre oferta y demanda.
El resultado es un archipiélago en el que la misma calidad de vida que atrae a trabajadores de toda Europa corre el riesgo de volverse, para quienes nacieron aquí, cada vez más difícil de costear.

