Imaginemos planificar una ruta por la isla en coche eléctrico, revisar la aplicación, localizar un cargador en el camino, llegar hasta él, y encontrarlo apagado. No es un caso aislado: según una investigación de Diario de Avisas publicada en abril, en todo el archipiélago canario el 30,9% de los puntos de recarga censados, es decir 710 de un total de 2.295, están fuera de servicio. Es la otra cara de una transición que, sobre el papel, avanza a buen ritmo.
El caso más reciente llega de Tenerife, donde el Cabildo aprobó el pasado 30 de julio el reglamento de la Red Insular de Movilidad Eléctrica, una red de 71 puntos de abastecimiento distribuidos por la isla con capacidad para cargar simultáneamente 143 vehículos. La infraestructura combina distintas potencias: 45 cargadores de 22 kW, pensados para la recarga lenta cotidiana, 12 estaciones de 44 kW, 8 puntos de 50 kW y 4 estaciones de alta potencia de 126 kW, pensadas para quien necesita una carga rápida durante un trayecto más largo.
En Gran Canaria el panorama es igual de dinámico: la isla concentra ya el 51% de los vehículos eléctricos de todo el archipiélago y aspira a alcanzar los cien puntos de recarga antes de que acabe 2026. En La Laguna, en el norte de Tenerife, el Ayuntamiento está habilitando ocho nuevas plazas asociadas a cuatro puntos dobles de 11 kW, que elevarán el total municipal a 46 plazas repartidas por distintas zonas. Lanzarote, por su parte, completó en mayo su propia red, garantizando cobertura en los siete municipios de la isla.
El problema de los cargadores averiados no es, por tanto, una cuestión de falta de inversión, sino de mantenimiento y gestión del día a día. Un punto de recarga estropeado no es solo una molestia puntual para quien lo encuentra apagado: erosiona la confianza en un sistema que, para convencer a más conductores de dar el salto al eléctrico, necesita ofrecer fiabilidad, no solo cifras crecientes sobre el papel. Quien tiene un coche eléctrico en Canarias lo sabe bien: planificar un trayecto suele exigir un plan B, y a veces también un plan C.
Las autoridades insulares parecen ser conscientes del problema. El reglamento aprobado por el Cabildo de Tenerife no solo contempla la expansión de la red, sino también criterios de gestión más claros, un paso que apunta a reducir la tasa de averías. Queda por ver si ese mismo enfoque se aplicará de forma homogénea en el resto de las islas, donde el problema del mantenimiento parece ser transversal.
Canarias ha fijado un objetivo ambicioso dentro de su estrategia de sostenibilidad energética: duplicar la potencia renovable instalada y multiplicar por diez el autoconsumo antes de que termine 2026, con más de 800 millones de euros de inversión pública y privada movilizados. La movilidad eléctrica forma parte de ese diseño más amplio, junto a las ayudas estatales que en 2026 llegan hasta los 7.000 euros para quien achatarra un vehículo antiguo y compra uno eléctrico. Pero un incentivo económico y una red de cargadores, por extensa que sea, valen poco si quien conduce no puede confiar en encontrarlos encendidos cuando los necesita.