Ciento ochenta y un euros al día. Es lo que gastó de media, en el segundo trimestre de 2026, cada turista llegado a Canarias, frente a los 157,9 euros del mismo periodo de 2025. Un salto que los datos oficiales analizados por la prensa regional atribuyen no a más visitantes, sino a un turismo de mayor valor: en conjunto, el archipiélago ingresó 4.851 millones de euros en apenas tres meses, un 10,2% más que el año anterior. El turista belga lidera la tabla de gasto con 201 euros diarios, mientras el italiano cierra la fila con unos 134,5 euros.
Tenerife y Gran Canaria siguen concentrando la mayor parte del pastel, absorbiendo el 38,4% y el 24,4% del gasto total respectivamente, seis de cada diez euros de todo el archipiélago. Son cifras que, leídas desde una consejería de turismo, cuentan un modelo que funciona: menos cantidad, más calidad, más ingresos para hoteles, restaurantes y pequeño comercio.
Pero hay otra lectura del mismo verano, y es la que llega desde la calle. El 13 de mayo de 2026, la plataforma Canarias Tiene un Límite pidió formalmente al Gobierno de Canarias implantar una moratoria turística dentro de la futura Ley de Turismo, con la suspensión temporal de nuevas plazas alojativas en cualquier modalidad, incluidas las grandes infraestructuras vinculadas a parques temáticos. El colectivo, que hunde sus raíces en las movilizaciones del 20 de abril de 2024, sostiene que el modelo actual ha superado la capacidad de carga del archipiélago, citando el aumento de los vertidos de aguas residuales, la pérdida de biodiversidad y unos niveles de pobreza elevados pese al peso económico del turismo.
No es una alarma aislada. Hacia finales de 2025, la guía turística estadounidense Fodor's incluyó a Canarias en su "No List" para 2026, el listado de destinos a reconsiderar para ese año, citando más de 7,8 millones de turistas llegados solo en la primera mitad de 2025 y 27 millones de pasajeros aeroportuarios ese mismo año, un 5% más que en 2024. Según recoge esa misma publicación, el turismo pesa alrededor de un 35% del PIB del archipiélago y da empleo a cerca del 40% de la población activa, una dependencia que convierte cualquier discurso de limitación en algo políticamente delicado.
El presidente regional, Fernando Clavijo, ha cuestionado en varias ocasiones las propuestas más radicales, recordando cuánto dependen las islas del sector, y el Gobierno ha descartado hasta ahora tanto una tasa turística generalizada como la paralización de los grandes proyectos hoteleros en marcha. Queda el hecho de que dos narrativas opuestas, la de la caja que se llena y la de las calles que se llenan de manifestantes, conviven en el mismo archipiélago en el mismo momento histórico. Cuesta imaginar que puedan seguir corriendo en paralelo mucho más tiempo sin que algo, en la futura Ley de Turismo, tenga que ceder.