En Breña Baja, un pequeño municipio de La Palma, técnicos del Cabildo y del ayuntamiento se sentaron a la mesa con un representante del Gobierno regional para aclarar, punto por punto, cómo aplicar una ley que ha cambiado las reglas del juego para miles de propietarios. No es un caso aislado: desde hace meses, la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias recorre los municipios del archipiélago en lo que ha llamado una "ronda informativa", para acompañar a las administraciones locales en la aplicación de la Ley 6/2025.
La norma, aprobada por el Parlamento de Canarias el 10 de diciembre de 2025 y en vigor desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, sustituyó un modelo de libre implantación de viviendas vacacionales por uno de planificación urbanística municipal. En la práctica, un inmueble solo puede destinarse al alquiler turístico si el municipio lo permite expresamente en su planeamiento, y la regla general fija un máximo del 10% de uso turístico frente al 90% residencial por municipio, un umbral que sube al 20% en las llamadas islas verdes, El Hierro, La Gomera y La Palma, donde la presión turística es históricamente menor.
Entre las medidas más comentadas está la restricción a las viviendas de nueva construcción, que no podrán destinarse al alquiler vacacional hasta que hayan transcurrido diez años desde su edificación, cinco en las islas verdes y en los municipios con riesgo de reto demográfico. Las viviendas de protección oficial quedan excluidas del uso turístico de forma permanente. Quien continúe operando como vivienda vacacional tras la extinción del título habilitante se expone a multas de entre 15.000 y 150.000 euros.
El Gobierno regional ha desmentido en varias ocasiones que se trate de una moratoria generalizada, como sostienen algunas asociaciones de propietarios, precisando que será el planeamiento local el que determine, municipio a municipio, las zonas de crecimiento cero en las áreas ya saturadas y los indicadores de crecimiento permitido en el resto. Pero en la práctica, mientras un municipio no complete su adaptación urbanística, simplemente no se conceden nuevas licencias, un proceso que la propia ley prevé que pueda extenderse hasta cinco años.
Nueve meses después de su entrada en vigor, según explicó el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez, durante el encuentro de abril en Breña Baja, las jornadas con las administraciones locales han permitido aclarar "prácticamente la totalidad" de las dudas técnicas planteadas por los municipios, con algunas salvedades relacionadas justamente con el régimen especial de las islas verdes. Mientras tanto, en el Parlamento se han presentado varias iniciativas de modificación de la ley, algunas compartidas por varios grupos y otras no, señal de que el debate sigue abierto.
Para los propietarios de viviendas vacacionales, lo esencial es que el tiempo de las aperturas automáticas terminó. Para los ayuntamientos, la pelota está ahora en su tejado: de la rapidez con que completen sus instrumentos de planeamiento dependerá cuánto tiempo más permanezca, en la práctica, bloqueada la entrada de nuevas viviendas en el mercado turístico de las islas.