Quedan dieciséis días para el 30 de septiembre. Para setenta y ocho jóvenes repartidos por las siete islas, esa fecha no es un detalle burocrático: es la línea a partir de la cual una explotación agraria debe existir de verdad, con tierra trabajada, animales o cultivos en marcha, no solo sobre el papel. El Gobierno de Canarias les concedió 5,05 millones de euros a través del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC), pero la financiación llega con una condición muy concreta: quien la recibe debe acreditar el inicio de la actividad antes de esa fecha, bajo riesgo de perder la ayuda.
Los fondos, cofinanciados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, el Gobierno autonómico y el Ministerio de Agricultura, se repartirán entre 2026 y 2027, con algo más de 2,5 millones de euros en cada anualidad. La cifra media por beneficiario ronda los 64.800 euros, aunque el importe real varía según el proyecto, en función de los compromisos que cada joven haya asumido: algunos se han comprometido con la producción ecológica, otros con la contratación de una unidad de trabajo agrario adicional, otros con inversiones concretas en la explotación.
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, insiste en que el dinero por sí solo no basta: cada beneficiario recibe también un acompañamiento técnico que arranca con la definición de la idea empresarial y continúa durante los primeros años de actividad, el periodo en el que una explotación joven es más vulnerable. Es un detalle que pesa, porque entre los requisitos de la convocatoria figura también un paquete de formación obligatoria, al menos 200 horas, que debe completarse antes de septiembre de 2027 para quien no disponga ya de esas competencias: gestión empresarial, uso del sistema SIEX, sanidad vegetal, pero también uso eficiente del agua y adaptación al cambio climático, materias que la convocatoria trata ya como saber básico para quien entra en el sector, no como opciones para especialistas.
El 23 de julio, en la Escuela de Capacitación Agraria de Tacoronte, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el propio Quintero inauguraron el Encuentro Relevo Generacional Agrario 2026, que reunió a beneficiarios de las convocatorias de 2025 y 2026 de todas las islas. Clavijo recordó que entre 2023 y 2026 se han gestionado 19,9 millones de euros en ayudas similares, repartidos en 275 expedientes. Durante la jornada se proyectó un documental con las historias de siete jóvenes, uno por isla: desde Jésica Jurado Rodríguez en El Hierro hasta Héctor Luis Cabrera González en Fuerteventura, pasando por Sheila Rodríguez de León en Tenerife, que ofreció a los asistentes un cóctel con productos de una treintena de jóvenes productores del archipiélago.
En las mesas técnicas que siguieron a la proyección, los temas más discutidos no fueron la burocracia en abstracto, sino dos obstáculos muy concretos: el acceso a la tierra y el acceso al agua, junto con la complejidad de los trámites administrativos para quien carece de experiencia previa en el sector. Quintero reconoció que precisamente esos tres puntos, acceso a los recursos básicos, desburocratización, flexibilidad normativa, seguirán en el centro de las próximas actuaciones de su Consejería.
Queda por ver cuántos de los setenta y ocho lograrán cumplir el plazo del 30 de septiembre sin tener que renunciar al proyecto. Pero el hecho de que la convocatoria vincule explícitamente la entrada de una nueva generación en el sector primario a competencias sobre agua y clima dice algo sobre el tipo de agricultura que Canarias intenta construir: ya no se trata solo de relevo generacional, sino de qué agricultura vendrá después.