Imaginen tener que replantear desde cero cómo gestiona su ciudad el tráfico: por dónde pueden circular los coches, qué vehículos quedan fuera del centro, cómo se concilia todo esto con el turismo, los vecinos y el comercio local. Es el nudo que ciudades como Madrid, Barcelona o Sevilla llevan años desenredando con las zonas de bajas emisiones, y que ahora toca de lleno también a Canarias, donde varios municipios deben adaptarse a las obligaciones de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
Por primera vez, el archipiélago acogerá un debate estructurado sobre este asunto: el jueves 17 de septiembre, a partir de las 9:00 horas, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Tenerife abre sus puertas al primer foro canario sobre Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), organizado por la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, que dirige Mariano H. Zapata. El encuentro es gratuito y está abierto tanto a perfiles técnicos como al público general, un detalle que apunta a la voluntad de sacar el debate del círculo de especialistas.
El programa incluye un diálogo directo con realidades que ya han recorrido este camino: representantes de Alcobendas, Valladolid, Toledo, Elche, Benidorm, Logroño y Granada expondrán sus experiencias de gestión, los modelos elegidos y las soluciones aplicadas sobre el terreno. No es un detalle menor: cada ciudad ha encarado la transición de forma distinta, entre quienes han optado por restricciones progresivas por franjas horarias y quienes han elegido zonas geográficas más amplias con excepciones para residentes y comercios. El foro reservará además un bloque específico a las experiencias de los municipios canarios, que se encuentran en un punto distinto del recorrido respecto a las ciudades peninsulares.
El tema no es abstracto para las islas. La normativa estatal sobre clima obliga a las ciudades por encima de cierto umbral de población a adoptar medidas para reducir las emisiones del tráfico urbano, y municipios como Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife tienen que conciliar esta obligación con características urbanísticas propias: cascos históricos estrechos, una fuerte dependencia del coche privado ante la ausencia de redes de transporte público tan extensas como las de las grandes ciudades peninsulares, y un sector turístico que genera flujos de tráfico estacionales difíciles de prever con un modelo único.
Conviene recordar que el debate sobre las zonas de bajas emisiones en España nunca ha sido del todo pacífico: por un lado, asociaciones ecologistas y urbanísticas que piden una aplicación más rigurosa; por otro, comerciantes y vecinos que temen un impacto negativo en la accesibilidad de los cascos históricos. Traer este debate a Canarias, donde el tema está todavía en una fase inicial respecto a muchas ciudades peninsulares, significa intentar aprender de los aciertos y errores ajenos antes de diseñar un modelo propio, en lugar de partir de cero.
Queda por ver qué municipios canarios decidirán intervenir con sus propias experiencias concretas y qué indicaciones operativas saldrán del debate. Pero el hecho mismo de que un foro de este tipo llegue solo ahora, varios años después de la entrada en vigor de la ley estatal, dice algo sobre la complejidad de aplicar normas pensadas para contextos urbanos muy distintos a un archipiélago donde cada isla, y a menudo cada municipio, tiene necesidades de movilidad propias.