La mesa de contratación se reunió un lunes de mediados de septiembre, abrió el sobre 1 y sobre ella aparecieron tres nombres que cualquiera reconoce en la obra pública española. Ferrovial y San José, al 42,5% cada una, con Iniciativas Canarias (15%). OHL (60%) con Sando (40%). Sacyr (60%) junto a Construplan y Bitumex, del grupo Lopesan, al 20% cada una. Compiten por la reforma y ampliación del Estadio de Gran Canaria, un contrato de 234,8 millones de euros con el IGIC incluido.
No hubo reclamaciones durante el plazo, así que los pliegos son firmes. Es una buena noticia para el Cabildo después de un verano en el que la primera licitación, de 174 millones, quedó desierta.
El presidente insular, Antonio Morales, explicó aquel tropiezo con una lista que parece de sección de internacional: aranceles de la Administración Trump, la guerra de Irán y su impacto en el petróleo que cruza Ormuz, transporte marítimo más caro. Según el Cabildo, el acero, esencial en la nueva cubierta, duplicó su precio y la mano de obra especializada pasó de 16 o 17 euros la hora a una media de 25, hasta 30 con turnos extra.
La factura se repartió así: 134 millones del Cabildo, 60 de la UD Las Palmas en el marco de un acuerdo de cogestión que mantiene la titularidad 100% pública, 25 del Gobierno de Canarias y 15 del Ayuntamiento capitalino. La corporación insular negocia además una aportación del Estado.
¿Y qué se compra con ese dinero? Lo más caro es la cubierta: 93 millones, el 50,46% del presupuesto de ejecución material, que es de 184,4 millones. Cubrirá todo el graderío y dará al recinto la imagen que el estudio L35 Architects bautizó como "La Nube". El aforo pasará de 32.418 a 44.020 espectadores. Hay 22,3 millones para estructuras de hormigón, 14,8 para cimentaciones y muros, 7,3 para electricidad y renovables y 1,4 para gestión de residuos. A mano de obra se destinan 46,7 millones, casi uno de cada cinco euros.
El Cabildo recurre a una cifra de la patronal de la construcción: cada euro invertido en el sector devuelve tres y arrastra otro en inversión aledaña. Es la estimación de una parte interesada y conviene leerla así, aunque en una isla con un paro por encima de la media nacional una obra de este tamaño se nota en proveedores, transportistas y talleres.
Lo que preocupa es el calendario. Un comité de cinco expertos (un ingeniero industrial, dos arquitectos, un ingeniero de caminos y un jurista) tiene 15 días naturales para valorar las memorias técnicas. Después llegará el sobre 3, con precio y plazo. Si alguna oferta entra en baja anormal, habrá diez días hábiles más para aclararla. En el mejor escenario, el contrato se formalizará a finales de noviembre y las obras arrancarán en enero de 2027. Cualquier retraso irá directamente contra la cuenta atrás del Mundial.
Quedan preguntas que los pliegos no responden. Cómo convivirán Siete Palmas y sus vecinos con varios años de obra. Dónde jugará la UD mientras tanto, y en qué condiciones. Qué pasará si los precios vuelven a dispararse. Morales prefiere mirar más allá: "Cuando invertimos en el Estadio, invertimos en la Gran Canaria de las próximas generaciones". La primera respuesta llegará con el sobre 3.