El viernes 9 de octubre el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, subió a Los Llanos de Botija, en Gáldar (Gran Canaria), para ver una grúa levantando la estructura del tercer aerogenerador. Había desembarcado en el Puerto de La Luz la semana anterior. Aún faltaban las palas.
Quien lee sobre renovables en Canarias suele pensar en grandes plantas privadas. Botija cuenta otra cosa. Es el primer parque eólico del archipiélago de propiedad íntegramente municipal, y hasta ahora produce con dos turbinas. La tercera, de 0,8 MW, llevará la potencia instalada a 2,4 MW, según las cifras que ha comunicado la administración.
La inversión total de esta ampliación es de 1,88 millones de euros. El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Transición Ecológica y Energía que dirige Mariano Hernández Zapata, aporta 684.598 euros; el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 1,2 millones. La obra la ejecuta Elecnor, con Rafael Peñate y María Herrera como directores y proyectistas.
Hay un detalle que la nota oficial no aclara. Una noticia de RTVC de noviembre de 2023 situaba el tercer aerogenerador en 2024, financiado casi por completo por el Estado. Estamos en octubre de 2026 y las palas todavía no han llegado. En las fuentes consultadas no constan los motivos del retraso y no los vamos a suponer; lo honesto es señalar que los plazos anunciados se han desplazado.
¿Por qué importa? En 2023 la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, describió Gáldar como el primer municipio de Canarias con un parque eólico cien por cien municipal, y las dos turbinas ya activas abastecían los servicios públicos del pueblo. Con la tercera, según aquella noticia, Gáldar sería totalmente autosuficiente. Es una afirmación que habría que contrastar con datos de producción y consumo, que no hemos encontrado publicados.
Clavijo habló de mayor autonomía energética y puso a Gáldar como ejemplo de cooperación institucional. El alcalde, Teodoro Sosa, calificó de complejas las labores de izado. Son frases de circunstancia, pero detrás hay un modelo que otros ayuntamientos pueden mirar: la energía que, en lugar de salir del municipio, se queda en las cuentas públicas.
Queda una pregunta abierta para las islas menores y los municipios pequeños. ¿Cuántos tienen viento, terreno y fondos para hacer lo mismo? ¿Y cuánto pesa en esta historia que dos administraciones hayan cubierto casi todo el gasto?