Quien haya pasado un verano en los charcos de La Palma, Tenerife o Gran Canaria sabe que esas pozas de roca volcánica no son ni playa ni piscina, y la ley no siempre sabe qué hacer con ellas. Es una de las razones por las que el viernes 16 de octubre el Gobierno de Canarias presentó el borrador de una Ley del Litoral pensada para las islas.
El marco fue el I Congreso de Costas Canarias: Canarias, Mar y Territorio, los días 15 y 16 de octubre en Gran Canaria, con unas 200 personas en las dos jornadas. Las líneas del texto las expuso Francisco Villar, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna. El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, defendió en la bienvenida que Canarias necesita más competencias sobre su costa y calificó de «insuficiente» el traspaso hecho hasta ahora. Antonio Acosta, director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario, explicó que la presentación abre un proceso de participación.
¿Qué hay dentro? El borrador adapta la normativa general a las particularidades del archipiélago y concreta conceptos que han generado dudas de interpretación. Aprovecha los instrumentos de planificación existentes, los que clasifican tramos de costa según sus valores y su necesidad de protección, y prevé reforzarlos donde haga falta. Entre sus principios: uso y disfrute del litoral, desarrollo sostenible, integración de la planificación costera y conservación de las aguas. Incluye además un Foro del Litoral y herramientas de información para conocer mejor la costa.
Después están los capítulos que tocan la vida diaria. Las playas, con clasificación de tramos, espacios libres, compatibilidad de usos, mantenimiento y regeneración. Los charcos y piscinas naturales, con regulación específica. Las servidumbres de protección y tránsito, el acceso al mar y la accesibilidad peatonal. Y los núcleos costeros tradicionales, cuyos valores históricos, pesqueros, marítimos y sociales reconoce el texto, con fórmulas para ordenarlos y mejorar sus servicios básicos pero sin dejar que crezcan ni se extiendan.
Conviene decirlo claro: es un borrador. La fuente no indica plazos de tramitación ni fecha de aprobación, y el texto íntegro no lo hemos leído: nos basamos en el resumen oficial del Gobierno. Por eso es pronto para saber cómo se resolverán los puntos más delicados, como la convivencia entre casas de pescadores, restauración y turismo, o quién pagará el mantenimiento de ciertos tramos.
El contexto político es conocido: el Ejecutivo canario reclama desde hace tiempo competencias exclusivas sobre la costa y considera insuficientes las transferidas. En la mesa sobre experiencias autonómicas hablaron representantes de Cataluña, Andalucía y País Vasco, y en la de nuevos traspasos de Galicia, Cantabria, Comunidad Valenciana y Murcia. Para residentes y para quienes viven del mar, merece la pena seguir el proceso de participación: ahí se decidirá cuánto espacio tendrán charcos y pueblos en el texto definitivo.