Cuando quien decide sobre una ayuda o una atención es un sistema automático, ¿quién responde si se equivoca? La pregunta la planteó, en el fondo, Fernando Clavijo el lunes en Bilbao, ante tres presidentes autonómicos y directivos de NTT DATA, y su respuesta fue una condición: la inteligencia artificial puede modernizar la administración, pero debe llegar con garantías jurídicas, sobre todo cuando las decisiones afectan directamente a la ciudadanía.
La ocasión era la presentación del Future Government Center, una iniciativa de NTT DATA concebida como espacio para analizar y experimentar la transformación de la gestión pública. En el diálogo “La visión de la transformación pública en la era de la IA” estuvieron también el lehendakari Imanol Pradales, el presidente catalán Salvador Illa y el andaluz Juan Manuel Moreno. Clavijo advirtió de que las instituciones deben adaptar procedimientos y estructuras, y resumió el ritmo del cambio con una frase: “Esto va a ir muy rápido, así que necesitamos ponernos al día pronto”. Después agradeció a NTT DATA y recordó que Canarias ya tiene acuerdos de colaboración con los territorios participantes.
Lo más concreto es lo que las islas tienen para enseñar. El Gobierno presenta como el primero de España y de la Unión Europea el Espacio de Datos de Servicios Sociales, que reúne información del Gobierno regional, los ayuntamientos, los cabildos y las entidades del tercer sector para mejorar la coordinación y la atención personalizada. Lo de ser el primero es una afirmación del Gobierno canario: no he podido contrastarla con una fuente independiente. Junto al espacio de datos hay nuevas aplicaciones digitales que facilitan el acceso a los servicios sociales, en particular para discapacidad y familias numerosas, y Alisio, una plataforma de apoyo psicosocial para quienes cuidan a familiares dependientes, con discapacidad o mayores.
Para quien vive en Canarias y se enfrenta a la burocracia de los cuidados, el sentido práctico es sencillo: si los datos de administraciones distintas se hablan entre sí, en teoría no hace falta repetir el mismo trámite en tres ventanillas. En teoría. Las fuentes consultadas no dicen desde cuándo funcionan estas herramientas, cuánta gente las usa, cuánto costó desarrollarlas ni quién ha construido la tecnología. Tampoco precisan si la IA interviene en las decisiones o se limita a ordenar la información para los profesionales.
Por eso el pasaje sobre las garantías jurídicas es el que hay que seguir. Cuando se manejan datos de discapacidad, dependencia y situación familiar, la cuestión no es solo técnica: afecta a quién puede ver qué, quién puede recurrir una decisión y cómo. Clavijo la puso entre las condiciones, no entre los detalles. Falta ver cómo se traduce en normas y en vías de recurso comprensibles para quien no domina los sistemas digitales.
Mientras tanto, el caso canario viaja: llevar a Bilbao una experiencia de servicios sociales, y no un proyecto turístico o energético, dice algo sobre dónde piensan las islas que tienen algo que enseñar. Parte de la respuesta llegará con las cifras de uso de Alisio y del espacio de datos, cuando el Gobierno quiera hacerlas públicas.