El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó el viernes 30 de octubre de 2026 el proyecto de ley de biodiversidad y recursos naturales, elaborado por la Consejería de Transición Ecológica y Energía. El texto pasa ahora al Parlamento regional. En la consulta pública sobre el borrador llegaron más de 2.000 alegaciones, y el Gobierno asegura que aceptó muchas porque mejoraban el texto.
El proyecto quiere reunir en un único marco la protección de los hábitats, las especies silvestres y los ecosistemas del archipiélago, que el Ejecutivo describe como uno de los territorios con mayor biodiversidad del mundo y con un elevado número de especies endémicas. Aclara las competencias del Gobierno autonómico, los cabildos y los ayuntamientos para evitar conflictos administrativos, y crea un sistema de control, inspección y sanciones que evita castigar dos veces la misma infracción.
Entre las medidas figuran una mejor gestión de los espacios naturales y de la Red Natura 2000, herramientas de información científica como BIOTA, RedVIGÍA y RedPROMAR, planes de recuperación para las especies amenazadas, normas contra la contaminación lumínica y la red REDEXOS para controlar y erradicar las especies exóticas invasoras. El ecoturismo, la investigación y la educación ambiental aparecen como actividades compatibles con la conservación.
Una novedad es el título VIII, dedicado a la biodiversidad marina, los ecosistemas costeros y los recursos naturales del mar, con base en el Estatuto de Autonomía de 2018. El proyecto se coordina también con la reforma de la Ley del Suelo, que ya está en el Parlamento: la ley de biodiversidad protege los valores naturales, mientras que la del suelo mantiene el marco para declarar, planificar y gestionar los espacios.
En cuanto a los trámites, el texto ajusta autorizaciones y declaraciones responsables (autocertificaciones con las que el titular declara cumplir los requisitos), refuerza las garantías ciudadanas y el apoyo científico a las decisiones, y limita las habilitaciones reglamentarias demasiado amplias. Las obligaciones económicas tendrán que fijarse por ley.
El punto más discutido son las especies protegidas. Pocos días antes de la aprobación, el Consejo Consultivo de Canarias advirtió, según Canarias Ahora, de que el borrador permitiría modificar el listado de especies protegidas sin pasar por el Consejo de Gobierno: bastaría una simple orden del consejero de Medio Ambiente para incluir o retirar una especie. En la práctica, la lista de especies amparadas podría cambiar por un acto del propio consejero, sin votación colegiada. El mismo órgano ya había criticado la versión anterior del texto por invadir competencias estatales, por su débil técnica legislativa y por normas solapadas. El Gobierno afirma que reinició la tramitación y revisó el texto para responder a esas observaciones.
Queda por saber cómo responderá el Gobierno sobre el listado, porque las crónicas de la aprobación no recogen réplica. Tampoco se han dado a conocer las cuantías de las sanciones, el número de especies ni la extensión de las áreas afectadas. El calendario parlamentario no tiene fecha.
Por ahora no cambia nada para residentes y empresas: hasta que el Parlamento apruebe la ley siguen en vigor las normas actuales. El Gobierno ha dicho que el debate incluirá a los grupos políticos, al sector científico y a los agentes sociales, y ahí es donde el texto aún puede cambiar.