El Estado aporta alrededor del 20% del coste de la dependencia en Canarias y la comunidad pone el resto. La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, lo recordó el jueves 5 de noviembre en el debate presupuestario del Parlamento y advirtió que, si el Estado no iguala su aportación, el Gobierno lo reclamará “mediante vía judicial, porque es incumplimiento de una ley”.
No es una idea nueva. En mayo, Delgado ya defendió en la Cámara que la ley fija una financiación estatal del 50% y denunció que el nuevo reparto, con un “factor de corrección” del 10%, haría perder a Canarias 12,4 millones. Entonces el Gobierno estudiaba ir a los tribunales. Ahora lo anuncia.
El área supera por primera vez los 1.000 millones. La Dirección General de Dependencia contará con 567 millones en 2027, unos 177,6 más que este año. Y el tiempo medio de tramitación ha pasado de 782 días en julio de 2023 a 184 en octubre de 2026, según la consejera. En mayo hablaba de 354.
La oposición no compra el relato. Elena Máñez, del PSOE, cifró en 12.000 las personas con programa de atención aprobado que siguen sin recibir prestación. “Más dinero, pero derechos de papel”, resumió, y preguntó por el tercer plan de infraestructuras sociosanitarias, todavía sin aprobar, que según sus cálculos necesita unos 475 millones.
Natalia Santana, de Nueva Canarias, criticó la congelación de la renta canaria de ciudadanía en 113 millones y la falta de desarrollo de sus complementos de vivienda y educación. PSOE y NC denunciaron además que la ayuda a víctimas de violencia machista con dificultades de empleo baja de 1,5 millones en 2023 a 600.000 euros en 2027. Delgado respondió que el Instituto Canario de Igualdad también recibe fondos estatales.
Antes de los tribunales hace falta un requerimiento formal al Estado. Con elecciones autonómicas previstas para la primavera de 2027, el pleito podría acabar en manos del siguiente Gobierno.